La Fiscalía pide 'escoltar' a los científicos que analizarán los rellenos de Gibraltar en aguas españolas

El impacto de esas obras en una zona protegida medioambientalmente por la Unión Europea no se pudo medir. Las autoridades del Peñón lo impidieron. Pese a que la Fiscalía de Medio Ambiente de Algeciras pidió al Instituto Español de Oceanografía que evaluara la situación de esos fondos marinos, no pudieron hacerlo.

Ese trabajo es fundamental para probar si dentro de estas aguas españolas se está cometiendo un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de otro más contra la ordenación del territorio. La imposibilidad hizo que no se pudieran emitir informes al respecto. Sin embargo, la Fiscalía de Algeciras no desiste en su empeño de saber cómo están eso fondos marinos españoles.

Por eso, ha pedido al juzgado que vaya a llevar el caso, que ponga una 'escolta' a los trabajadores del Instituto Español de Oceanografía si, cuando vayan a recoger muestras y evidencias de la invasión de territorio español con protección medioambiental, Gibraltar vuelve a impedir las tareas encomendadas.

Por esta razón, en un oficio de la Fiscalía al que ha tenido acceso ABC solicita que, tras incoarse diligencias en el juzgado, se tome testimonio de toda la documentación que ya hay de este caso y se vuelvan a pedir las evaluaciones científicas. «Ofíciese al Instituto Español de Oceanografía a fin de que lleven a cabo, con carácter urgente, y si fuese necesario con auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un seguimiento bionómico de la Zona de Especial Conservación (costa de Gibraltar)», explica en el decreto firmado por la fiscal que investiga estos rellenos.

En el caso en el que Gibraltar vuelva a mandar a sus fuerzas de seguridad y guardacostas a hostigar a los científicos españoles, el Ministerio Público solicita al juzgado que las Fuerzas de Seguridad españolas, en este caso sería el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, intervengan para proteger a los científicos y que puedan hacer su trabajo. En ese momento, la autoridad en esas aguas sería la Guardia Civil al ser de España.

Gibraltar no tiene derecho a aguas propias, aunque obvia esta parte del tratado de cesión para ocupar territorios que no le corresponde. Según lo regido en el Tratado de Utrecht de 1713, España cedió a los británicos la plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, su puerto, defensa y fortalezas. El acuerdo no incluía las aguas que rodean al Peñón. Más allá de la arena de la playa es España. Sólo las aguas de la ensenada histórica, sobre las que se han hecho ampliaciones del puerto ocupando territorio español sin permiso correspondían a la colonia. Además, este proyecto está en otro lugar alejado de esa ensenada.

Las plataformas y los rellenos se ubican en la zona más oriental, pegada a la valla fronteriza de La Línea de la Concepción. Por lo que a todos los efectos es territorio marítimo español. No son «aguas de Gibraltar» como reclama el Gobierno de la Roca. Y ahí está el conflicto, porque cada vez que un pescador, un barco o, en este caso los científicos, las autoridades de Gibraltar se acercan para echarlos de aguas españolas.

Por eso, la Fiscalía pide que sean las Fuerzas de Seguridad del Estado español las que acompañen a los trabajadores del Instituto de Oceanografía a recoger las posibles evidencias de los delitos que allí se pueden estar cometiendo.

La petición drástica del Ministerio Público tiene su propia explicación en la denuncia criminal que esa misma fiscal efectúo contra esas obras el mes pasado. Los rellenos usurpan 15 hectáreas de terreno español dentro de las aguas del Estrecho. En la investigación de cómo se hizo la primera plataforma de diez hectáreas es cuando no se dejó trabajar a los científicos. Tras una denuncia de Verdemar Ecologistas en Acción en octubre de 2024, el Ministerio Público pidió una evaluación de la zona para saber los efectos que habían tenido esos rellenos.

Para pedirlo se amparó en un informe tomado por el Seprona como referencia del propio Instituto Español de Oceanografía sobre valoración de la incidencia ambiental de los vertidos al mar de bloques de hormigón y roca en torno al Peñón de Gibraltar.

Este documento concluye que los proyectos de construcción que se están desarrollando, como son los vertido de áridos y bloques, conlleva la destrucción del área marina donde se posan, así como la alteración de las condiciones físico-química de las aguas colindantes. Ello afecta directamente al equilibrio de los ecosistemas presentes, afectando a espacios y especies protegidas, así como la afección a nivel socioeconómico del área.

Y ahí la fiscal quiso comprobar si eso realmente era así. Por eso mandó a los científicos a comprobar el daño que había ocasionado los rellenos de Gibraltar en la zona protegida, pero no pudieron. Fueron echados de allí. La fiscal hace constar en su denuncia la imposibilidad de realizar una evaluación de los daños producidos, al haber resultado inviable la realización de seguimiento científico alguno en la zona de ejecución del megaproyecto urbanístico por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía. Señala que no se pudo trabajar «debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar».

Hay que recordar que ese espacio está protegido. En 2008, España logró incluir esas aguas como Zona de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. Eso conlleva una especial protección de esos fondo marinos. En 2012 ese territorio se convirtió en Zona de Especial Conservación (ZEC). Las dos declaraciones prohibían expresamente cualquier obra que pudiera dañar el ecosistema que allí.

Ahí Gibraltar obvió las restricciones y continuó adelante, hasta consiguió que la Comisión Europea avalara el primero proyecto que se presentó para construcción de esta urbanización de lujo en la cara Este del Peñón.

Sin embargo, en 2020 la dimensión cambió, el proyecto mutó a otra cosa con la entrada de una multinacional y las aguas quedaron desprotegidas. Gibraltar se ampara en aquella victoria en la Comisión Europea con un proyecto que no es el actual, que es el que está ahora bajo la lupa de la justicia española por lo lesivo que se supone que está siendo para el ecosistema de esas aguas.

Por eso, la Fiscalía insiste en que los científicos puedan entrar a valorar en ese territorio el impacto de los rellenos, quieren evidencias de cómo se ha dañado el ecosistema para poder acreditar los delitos que presupone que están cometiendo en esa zona. Así, la fiscal pide hasta que se ponga 'escolta' policial a los trabajadores del Instituto Español de Oceanografía con la finalidad de tener un informe real de lo que sucede en las 15 hectáreas de los rellenos llanitos.

El documento, una vez realizado, con los posibles daños ocasionados en la flora y fauna, así como el riesgo potencial sobre el equilibrio de los sistemas naturales y el impacto medioambiental, pueden dar pie a la petición de medidas cautelares, como la paralización de las obras, «con la finalidad de otorgar la máxima protección a la Zona de Especial Conservación, lugar de importancia comunitaria Estrecho Oriental».