La Justicia española pone la lupa por primera vez en la expansión de Gibraltar en aguas españolas

La que sí lo ha hecho ha sido la Fiscalía de Algeciras, que ha formulado una denuncia criminal contra estos rellenos. La primera vez que la Justicia española se fija en este problema. Lo hace por tener indicios de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Sin embargo, Gibraltar no recula. «Hemos resuelto el problema para muchos con las viviendas asequibles que ya hemos construido, pero debemos construir más y no solo viviendas asequibles», remarcó Fabián Picardo, ministro principal de la colonia británica en su mensaje de Navidad. Una apuesta por sus planes de «recuperación», que comenzó con el relleno de diez hectáreas, que recientemente se han ampliado a cinco más para seguir construyendo.

Lo que se está ejecutando es el 'Eastside Project'. En 2005, se presentó un complejo compuesto por un hotel, viviendas, zona comercial y puerto deportivo. Las autoridades españolas alegaron que las obras podían tener consecuencias graves para el ecosistema marino y las playas de La Línea de la Concepción. Sin embargo, la Comisión Europea rechazó en 2009 las primeras quejas. Entonces se amparó en los informes británicos que avalaban el proyecto original, modificado para ampliarlo en 2020.

La guerra estaba abierta y en 2008 España logró incluir esas aguas como Zona de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. En 2012 se convirtió en Zona de Especial Conservación (ZEC). Las declaraciones prohibían cualquier obra que pudiera dañar el ecosistema. Ahí Gibraltar obvió las restricciones y continuó adelante.

El Gobierno de Rajoy trató de parar el proyecto en 2013 con una prohibición de exportación de materiales de construcción al Peñón. Esta decisión encareció las obras, pero no las paró. Los materiales se buscaron en Argelia. Pero ahí el megaproyecto quedó parado por problemas financieros.

En 2020 con los rellenos de las diez primeros hectáreas ya afianzadas, la multinacional TNG Global Foundation, que tiene sede en Vietnam, adquirió los derechos del proyecto para ejecutarlo. En España ya gobernaba el PSOE y Pedro Sánchez estaba aplicando una política más laxa a las relaciones con Gibraltar tras el Brexit, que se aprobó en referéndum en 2016 y entró vigor desde 2021. Ahí Gibraltar dejó de ser parte de la Unión Europea, lo cual lo exoneraba, a su juicio, de cumplir con los preceptos de la UE sobre la protección ambiental de esas aguas, que son españolas pero Gibraltar reclama como propias.

El Peñón obvia los acuerdos de cesión a Gran Bretaña en 1713. Según lo regido en el Tratado de Utrecht, España cedió a los británicos la plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, su puerto, defensa y fortalezas. El acuerdo no incluía las aguas que rodean al Peñón. Sólo las aguas de la ensenada histórica, sobre las que se han hecho ampliaciones del puerto. Pero es proyecto está en otro lugar. En la zona más oriental, pegada a la valla fronteriza de La Línea de la Concepción. Por lo que a todos los efectos se puede reclamar como territorio marítimo español.

Pero en ese punto, sintiéndose con las manos liberadas, el Gobierno de Picardo aprobó en 2022 retomar las obras con modificaciones sustanciales. Gibraltar volvió a retomar una urbanización de lujo con un puerto diseñado para megayates.

La idea de Gibraltar es tener en plena bocana del Estrecho una zona de máximo lujo, amparada en su especial fiscalidad (la Roca está considerada un paraíso fiscal) para poder competir con destinos como Sotogrande o Marbella, donde residen muchos de los propietarios de la empresas asentadas en el Peñón para las transacciones económicas aprovechando la ventajosa fiscalidad de la colonia.

En 2021, el Gobierno de Gibraltar adjudicó a TNG Global Foundation este proyecto que, según se informó entonces, preveía una inversión de 330 millones de libras para la zona donde se estaban llevando a cabo los rellenos en el mar. Esto era al cambio casi 400 millones de euros.

La urbanización contempla la edificación de dos muros de contención para las aguas marítimas, así como el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles. Es para lo que comenzó este proyecto, que luego se ha convertido en una aspiración de central del lujo. Para ellos se plantean 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, además de un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama.

Ahí, en 2024, la asociación Verdemar Ecologistas en Acción formuló una denuncia, que va a hacer que la justicia española ponga su mirada en estos rellenos. Aquella denuncia fue sobre las primeras diez hectáreas de relleno que se hicieron. Luego ha ampliado cinco más para hacer un puerto deportivo y una escollera.

La Fiscalía ve indicios de delito en los rellenos, en base a unos informes realizados por el Seprona, que dicen que hay una destrucción de áreas marinas y alteración de las condiciones físico-químicas del agua y los ecosistemas. Además, revela la coacción de Gribaltar los científicos españoles. El Instituto Español de Oceanografía no ha podido realizar las periciales encargadas «debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar».