Antonio Fernández, el exconsejero que subvencionó un ERE a su antigua empresa, también obtiene la libertad

Este lunes, la Audiencia de Sevilla también ha decretado, mediante otra providencia, la salida de prisión del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el único ex alto cargo que permanecía en la cárcel de Sevilla I, despues de que el TC estimara parcialmente su recurso de amparo. Rodríguez Román fue condenado a seis años y dos días de prisión y compartía presidio con el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego rebautizado como Agencia IDEA, que salieron de la cárcel a principios de este mes de julio tras ver anuladas parcialmente sus condenas.

El que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, Antonio Fernández García, «no tenía obligación de oponerse» a un cúmulo de «supuestas ilegalidades» en el caso ERE si éstas eran «consecuencia del sistema de presupuestación del programa 31L», el denominado 'fondo de reptiles', según la sentencia dictada el pasado 3 de julio por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional.

El órgano que preside el ex fiscal general del Estado ha exonerado delitos de prevaricación y/o malversación a seis ex altos cargos de Junta de Andalucía bajo el argumento de que el sistema de ayudas de los ERE que propició el desvío de los fondos públicos de la Junta de Andalucía (680 millones de euros) entre los años 2002 y 2009 era legal porque se nutría con una partida que figuraba en las «sucesivas leyes de los Presupuestos» autonómicos de dichas anualidades, aprobadas por el Parlamento regional.

«Si la omisión de formalidades y procedimientos por parte de las autoridades y funcionarios que intervenían en la gestión de los fondos estaba amparada en la ley, la supresión de esos controles no puede considerarse una sustracción», establece el TC. El tribunal de garantías reconoce, no obstante, que Fernández, al igual que Rodríguez Román, incurrió en un delito de malversación por el desvío de fondos públicos a fines distintos de los recogidos en el programa de ayudas. Por tanto, no ve lesionado el derecho a la presunción de inocencia evocado en su recurso de amparo.

El abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, había criticado la demora en la comunicación del TC a la Audiencia, después de que anticipar su resolución y había denunciado una «discriminación» respecto al resto de reos del caso ERE.

El Constitucional perdona parte de la malversación de los ERE al exconsejero de Empleo Antonio Fernández pero deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que, en calidad de viceconsejero de Empleo, realizó para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación de Empleo al IFA/IDEA.

En el caso de Antonio Fernández se da la circunstancia de que figuraba en un listado inicial de prejubilados de la empresa bodeguera González Byass, que recibió 19.757.235 euros de la misma Consejería de la que él era su máximo responsable. Dicha póliza le daba derecho a cobrar una póliza de 386.181 euros a costa de los andaluces porque era trabajador en excedencia de la firma jerezana desde el año 1983, cuando decidió dedicarse a la política.

El plan era que empezara a percibirla en 2012, pero en medio estalló la investigación del caso ERE, que puso contra las cuerdas al Gobierno de José Antonio Griñán del que formaba parte. Y hubo cambio de planes. Fernández renunció a cobrar la ayuda que le habían procurado quienes estaban a sus órdenes, los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y Juan Márquez. Fernández no suscribió el boletín de adhesión a la póliza subvencionada de la compañía Generali España S.A. por lo que no percibió cantidad alguna.

Fernández estaba cumpliendo su pena de siete años y once meses de prisión por prevaricación y malversación en el caso ERE en la prisión de El Puerto III, donde también está interno su ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, al que la Audiencia ha negado su puesta en libertad porque no presentó recurso de amparo ante el TC alegando una vulneración de derechos fundamentales.

Los borradores de las sentencias que está aprobando el tribunal fueron redactados por la vicepresidenta de dicho órgano, Inmaculada Montalbán, magistrada que recibió la Medalla de Andalucía en 2012 por parte del Gobierno de Griñán por convertirse en la primera andaluza que formó parte del Consejo General del Poder Judicial.