Andalucía supera por primera vez la barrera psicológica de los 4 millones de contribuyentes tras bajar impuestos
En la campaña del IRPF de 2022 superó por primera vez la barrera psicológica de los 4 millones de declarantes
El aumento de la recaudación, 1.847 millones más que en 2018, recae sobre las rentas de más de 33.000 euros al año
Clases de inglés, ayuda doméstica y otros gastos que rebajan la declaración de la Renta en Andalucía que no conoces
El presidente andaluz, Juanma Moreno, y la consejera de Hacienda, Carolina España, posan junto a una maqueta de edificios
Andalucía supera la cifra de cuatro millones de declarantes de la Renta, una barrera psicológica que ha cruzado por primera vez en la campaña del ejercicio fiscal de 2022 presentada este año. La recaudación en el tramo autonómico del IRPF alcanzó los 6.875, ... 6 millones de euros, el dato más alto registrado hasta ahora, un 36,7% más que en 2018, el último año que el PSOE gobernó la Junta de Andalucía. La Comunidad pulveriza los récords de contribuyentes y de ingresos fiscales después de una pandemia que paralizó la economía y de seis reformas aprobadas por el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno (PP).
Las rebajas afectaron a los principales tributos que tiene cedidos la autonomía: Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, así como el tramo autonómico del IRPF (en el que el Estado tiene la capacidad de fijar los tipos de gravamen del 50% del impuesto y las autonomías del 50% restante).
El número de declaraciones del IRPF —pueden presentarse de forma individual o conjunta por el matrimonio— llegó a las 4.082.749 en el año 2022. Son 566.536 más de las que se habían registrado en el año 2018 (un 16,1% más). Entre 2021 y 2022 hubo 166.090 declarantes más de la Renta, según los datos provisionales de la Agencia Tributaria sobre la pasada campaña presentados este lunes por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.
Los resultados corroboran el credo económico que el Ejecutivo andaluz lleva cinco años repitiendo: se puede recaudar más si se reducen los tipos porque se amplía el número de contribuyentes y también los inversores que deciden trasladar su domicilio fiscal a Andalucía desde otras comunidades, aunque la consejería no maneja datos al respecto. «Si somos más, podemos pagar menos», recalcó la responsable autonómica. «Lejos de tener un impacto negativo en el número de contribuyentes, ocurre todo lo contrario. A pesar de haber bajado impuestos, hemos aumentado los contribuyentes y la recaudación», resumió España, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la consejería.
«A pesar de haber bajado impuestos, han aumentado los contribuyentes», asegura la consejera de Hacienda, Carolina España
Esta teoría, garabateada por el economista Arthur Laffer en la famosa servilleta de cóctel, tiene sus detractores. La izquierda ataca la política fiscal del PP porque, asegura, beneficia a los «ricos» que pagan tipos más bajos que la clase trabajadora. Para rebatirlo, la consejera apuntó un dato: «Las declaraciones de los contribuyentes con una base liquidable superior a los 33.000 euros, que son el 15,7%, concentran el 84% del incremento de la recaudación registrado desde 2018 y el 64,3% de la recaudación de 2022».
En el aumento recaudatorio del tramo autonómico del IRPF también ha tenido algún efecto la inflación porque se ha traducido, en algunos casos, en una subida de los salarios. Pero donde la escalada de los precios tiene más impacto es el IVA que se recauda por el Estado, que luego distribuye la mitad de lo que ingresa entre las comunidades autónomas.
La inflación aumenta la recaudación
El Gobierno andaluz deflactó un 4,3% los tres primeros tramos del IRPF (hasta 35.200 euros) para paliar los efectos de la espiral de los precios. Esta medida se completó con el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación. Dicha deflactación se aplica con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2022, es decir, se han podido beneficiar de ella los declarantes de la Renta en 2023, sobre todo las familias con ingresos medios y bajos.
La revisión impositiva aprobada en septiembre de 2021 incluía un amplio abanico de deducciones en el IRPF a la hora de pagar la hipoteca o el alquiler, tener un hijo o apuntarle a una academia de idiomas.
La Agencia Tributaria estatal estima en 57,46 millones de euros el impacto económico de las deducciones, lo que representa un incremento del 165% con respecto a 2021, que se traduce en 35,77 millones más. También el número de personas que se han beneficiado de las deducciones ha aumentado de forma destacable, al pasar de 159.171 beneficiarios en 2021 a 358.846 en 2022, casi 200.000 más.
La consejera se refirió expresamente a los 662,2 millones de euros en que se ha incrementado la cuota líquida autonómica en el último año, y destacó que esta cantidad supera en más de seis veces la caída de la recaudación por la bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, que está estudiando recuperar después de que el Gobierno central neutralizara dicha medida con la creación de un nuevo tributo a las grandes fortunas. «Por cada euro que hemos dejado de ingresar por Patrimonio, hemos ingresado seis por IRPF», afirmó la consejera, que defiende que la política tributaria del Gobierno autonómico permite reactivar la economía.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que grava las herencias, Andalucía aplica desde 2019 una bonificación del 99% de la cuota que pagan los cónyuges, hijos y nietos, y mantiene el mínimo exento de un millón de euros sobre la base imponible, que fue aprobado en 2018 cuando la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, llevaba las finanzas andaluzas como consejera.
En abril de 2021, la Junta redujo el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que paga el comprador de una vivienda de segunda mano, que pasó a tener un tipo general del 7% en lugar del 8%, 9% y 10% anteriores. Los menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad pagan un 3,5% por la adquisición de viviendas de hasta 150.000 euros en el caso de los jóvenes y de 250.000 euros para los otros dos colectivos.
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