Andalucía pasa de ser un 'infierno' fiscal a competir con Madrid por tener los impuestos más bajos

Andalucía ha ido subiendo peldaños de forma progresiva desde 2018. Un año antes ocupaba el puesto 16 de un total de 19 territorios. Entonces, la región estaba más cerca del 'infierno' fiscal de Cataluña, que ocupa la última posición en la tabla, que del 'oasis' madrileño, que lleva años instalado en el primer puesto. En apenas un lustro, la Junta de Andalucía le ha dado la vuelta a la tortilla. Los andaluces se han colocado entre los españoles que menos impuestos pagan, sólo superados por madrileños y vascos. En 2023 ocupa la quinta posición por detrás de Madrid y las tres diputaciones forales o provincias vascas (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), que gestionan sus propios tributos.

La comunidad andaluza es junto con Murcia la que más ha mejorado su competitividad fiscal en los últimos doce meses. En una evaluación con 10 puntos de nota máxima, Madrid obtiene un 7,33 y Andalucía una nota del 6,57. Para elaborar esta clasificación, el índice tiene en cuenta todos los impuestos parcial o totalmente cedidos a las autonomías, destacando Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del IRPF.

Siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid, desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019, ha introducido bajadas en dichos tributos, que han supuesto un ahorro para familias y empresarios andaluces estimado en 900 millones de euros, según el último balance del Ejecutivo.

La última rebaja, anunciada hace un año, afectó al Impuesto sobre el Patrimonio, que grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros. Para anular la supresión del mismo anunciada por Andalucía en 2022, la  ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, creó el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía, las únicas dos regiones que lo bonifican al 100%, han denunciado ante el Tribunal Constitucional que el Estado invade sus competencias financieras por la puerta de atrás.

En el año 2019, la Junta aprobó la primera rebaja impositiva con una reducción de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta minorando el gravamen de los tramos hasta 2022. Ese mismo año también mejoró el tratamiento fiscal de las familias numerosas al elevar el límite de la base imponible. En septiembre de 2022, Andalucía deflactó los mínimos personales y familiares y la tarifa para los dos primeros tramos de renta para amortiguar la subida de los precios de los alimentos, energía y combustibles por la guerra de Ucrania. El mínimo personal aumentó de 5.550 euros a 5.790 euros y los mínimos familiares subieron, de media, un 4,4%.

En el Impuesto sobre Sucesiones, Andalucía aplica desde 2019 una bonificación del 99% de la cuota a los cónyuges y parientes directos, y mantiene el mínimo exento de un millón de euros sobre la base imponible aprobado en 2018, cuando Montero era consejera andaluza de Hacienda. La actual ministra accedió a rebajarlo, tras sus reservas iniciales, porque Ciudadanos puso dicha condición al Gobierno socialista para aprobar los presupuestos de la comunidad.

En 2022 la Junta mejora el tratamiento de la vivienda habitual en este tributo, aplicando una reducción del 99% independientemente del valor de la vivienda y suprime la discriminación por patrimonio preexistente en la reducción de un millón de euros para los contribuyentes de los grupos I y II (hijos, cónyuges y nietos), indica el informe. Además, la reducción para los contribuyentes del grupo III de parentesco (hermanos, tíos y sobrinos) pasa de 7.993,46 a 10.000 euros. Por último también aminora el gravamen en todos los tramos, con tipos entre el 7% (7,65% antes) y 26% (36,5% antes), pero mantiene los coeficientes multiplicadores por parentesco.

En abril de 2021, la Administración redujo el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se paga el comprador de una vivienda usada, que pasó a tener un tipo general del 7%, en lugar del 8%, 9% y 10%. Además, el tributo de Actos Jurídicos Documentados se rebaja desde el 1,5% al 1,2%. Es un impuesto asociado a las hipotecas, que se calcula sobre la escritura hecha pública ante notario y que grava los documentos notariales, mercantiles y administrativos asociados a la compraventa de una vivienda.