Andalucía sólo cuenta con un policía por cada 90 víctimas de violencia machista

«Y resulta que, cuando uno de ellos se va a su domicilio de vacaciones, el tiempo que sea, pues sus víctimas pasan a los compañeros que están en ese momento trabajando. Por lo que la carga de trabajo aumenta», explica Mariló Valencia, portavoz de este sindicato policial, que cifra el déficit para proteger a esta mujeres en Andalucía es de alrededor de un centenar de agentes.

Mientras el Ministerio de Igualdad vendía en 2023 (el último año con presupuestos aprobados por el Gobierno) una dotación «histórica» de 573 millones para luchar contra esta lacra, la Policía Nacional seguía con los móviles saturados y los agentes sin descanso para dar esas protecciones.

Aquel año, según los propios datos del Gobierno, la entonces ministra Irene Montero, detalló que el 46% del presupuesto (261 millones) se invertiría en «políticas para prevenir las violencias machistas», si a eso le sumamos 59 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la cifra llega a un total de 320 millones de euros.

Por otro lado, el 41% se destinó a programas «dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades» (232 millones). Y se incorporaron 30 millones adicionales de los fondos europeos para «las políticas para prevención y lucha contra violencias machistas».

En total el gasto ascendió a 350 millones de euros. Se dotó de recursos a Igualdad, pero no se avanzó en el plano de Interior, donde el Ministerio que gestiona Fernando Grande Marlaska no amplió los recursos para dimensionarlos. Y ese centenar es en la Policía Nacional, a lo que habría que sumar el déficit parecido que tiene la Guardia Civil, que lleva la seguridad de la mayor parte del territorio andaluz.

Andalucía es la comunidad más poblada y sufre esta lacra con especial incidencia. Los últimos datos del Ministerio del Interior exponen que la región se tienen detectados en el Sistema VioGén (es el sistema integral de protección de víctimas con reseña también de los agresores), a fecha del pasado 31 de mayo de este año, un total de 102.575 casos activos por violencia machista, de los que 26.587 se localizan en Andalucía, que es la comunidad con la cifra más alta.

Por detrás de esta región se sitúan, en número de casos activos la Comunidad Valenciana con 17.238 y Madrid con 13.022. Por debajo de los 10.000 casos está Canarias con 6.650, Galicia (6.009), Castilla-La Mancha (5.598), Murcia (5.549), así como Castilla y León (5.286). Bajan de los 5.000 registros Baleares con 4.178, Extremadura (2.778), Aragón (2.487), Asturias (2.148), Navarra (2.036) y Cantabria (1.556). Manos de 1.00 casos solo tiene La Rioja (953) Ceuta (262) y Melilla (238).

La mayoría de los casos son de riesgo bajo o medio. Solo 15 son «extremos» y 932 están catalogados como «graves». Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los registrados el años pasado. Un total de 1.469 de estos menores están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 alto y 1.323 medio.

A partir de 2007 el servicio de atención y protección incorpora el teléfono de localización. Cada agente tiene un terminal con el que está conectado con las víctimas que tiene que proteger 24 horas. En 2015 es cuando nace la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), agentes especializados en trabajar en la prevención y la investigación de delitos relacionados con violencia de género, doméstica y sexual.

Ellos son los encargados de la protección sin descanso. En los casos más extremos tiene un sistema de aviso, que no es el teléfono. Una especie de pulsador de teleasistencia para avisar a los agentes de que está en peligro. Estos, además registran, los avisos de los maltratadores que tienen pulsera por orden de alejamiento y son los intervienen.

Y la sobrecarga de trabajo, ligado al drama que se vive a diario pasa factura a los profesionales, que no tienen recursos de ayuda. Si alguno necesita atención psicológica, con frecuencia, como reconocen los sindicatos, la tienen que buscar al margen de Policía o de la Guardia Civil.

«Nosotros reivindicamos que si tenemos un asesoramiento psicológico a las víctimas y a los agresores, por qué no a los integrantes de la Policía Nacional de estas unidades. Su trabajo tiene una sobrecarga psicológica muy alta y no existe una serie de cursos y seguimientos de asesoramiento para su día a día, porque después cuando terminan de trabajar, van a su domicilio y tienen también sus propios problemas con los cuales tienen que lidiar», añade Mariló Valencia.

Desde los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil explican que estos agentes tiene que estar durante toda su jornada de trabajo continuamente escuchando situaciones muy dramáticas, como menores víctimas agresiones psicológicas, sexuales y físicas.

«Al final se da por hecho son unas Superwoman o unos Superman, que como eres un súper policía, pues tú solo eres capaz de curarte. Y creo que ya se ha podido demostrar que existen enfermedades físicas y también existen psicológicas. Eso hay que reconocerlo. La ansiedad que se produce psicológicamente por este trabajo también debe reconocerse y tiene que existir una cura y esa sanación la debe proporcionar la propia Policía Nacional», añade la portavoz del Sindicato Reformista de la Policía Nacional.