Sin rastro de los promotores de la residencia de Almería que cerró tras fundirse una ayuda de 1,9 millones

Un juez investiga un supuesto fraude de subvenciones relacionado con el destino de esta ayuda. En un informe aportado a esta causa, la Guardia Civil denuncia que se creó una « organización delincuencial» para distraer «de forma obscena» el dinero público en beneficio de los socios de la empresa promotora del centro, el Grupo Previndal Salud SL, y la gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez (Aprovélez). Dicha entidad concedió la ayuda a la empresa en 2013 con la aprobación de la antigua Consejería de Agricultura en la etapa de gobierno del PSOE .

En febrero de 2021, la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la citada consejería abrió un expediente de reconocimiento y recuperación del pago indebido al Grupo Previndal Salud SL, que promovió este centro con una subvención de 1.966.394 euros procedente de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader). Inició de este modo un procedimiento de reintegro de 1.908.553 euros, según confirmaron fuentes consultadas por ABC.

Los intentos por recuperar el dinero público han resultado infructuosos hasta ahora. La consejería envió la notificación del expediente a la sede de la entidad solicitante de la ayuda en el referido centro. La residencia cerró en mayo de 2018, incumpliendo su compromiso de actividad durante al menos cinco años y la previsión de puestos de trabajo que había prometido para recibir la subvención.

Una vez finalizado el plazo voluntario de pago, la Junta ha remitido dicho reintegro a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para que comunique la liquidación del citado importe a la promotora del centro, iniciando así un procedimiento de apremio. No consta que el anterior Ejecutivo de Susana Díaz (PSOE) solicitara la devolución de los 1,9 millones con los que se financió el proyecto.

La residencia, que iba a ser pionera en Andalucía en el tratamiento de mayores con estas enfermedades, sólo estuvo funcionando cuatro años y medio sin la preceptiva autorización ni licencia y enganchada a una luz de obra .

Desde 2019, un juzgado investiga una supuesta trama corrupta en torno a la empresa Previndal Salud SL y al Grupo de Desarrollo Rural (GDR). La gerente del GDR era la encargada de supervisar el proyecto y la empresa beneficiada estaba vinculada a su marido y su cuñado . Todos ellos están ahora investigados por supuesto fraude de subvenciones y tráfico de influencias, entre otros delitos más atribuidos a 15 personas en el sumario. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Rubio abrió las diligencias previas en el año 2019, a raíz de la denuncia que realizó una empleada del grupo rural.

A la vista de los documentos y testimonios recabados, la Guardia Civil detalla un cúmulo de negligencias e irregularidades en la actuación del ayuntamiento de Chirivel, Aprovélez y la Junta de Andalucía que demostrarían que la obtención de la subvención «no debería haber sido autorizada» nunca . El informe policial alerta de la «dejadez» de la Junta en el control sobre el centro. En la causa está investigado el alcalde socialista de Chirivel entre 2007 y 2011, Cristóbal Aránega.

El expediente presenta «deficiencias» desde su inicio. La residencia contaba desde 2012 con una autorización provisional de funcionamiento emitida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social porque no estaba acondicionada. La licencia temporal fue prorrogada hasta en cuatro ocasiones antes de su cierre , en mayo de 2018. Tampoco se crearon los 78 empleos previstos, sino 23 puestos de trabajo, «a todas luces insuficientes para la gestión» de un centro donde se alojaban 120 enfermos dependientes.

El 20 de mayo de 2010 cuando la empresa promotora presentó ante el GDR la solicitud de financiación pública, ni siquiera aportó la escritura de la parcela donde iba a edificar el centro, que todavía no había sido adquirida. Tampoco el Ayuntamiento se la reclamó, como era preceptivo , para darle las licencias de segregación de la finca y de obras. Un mes después, el consejo del GDR acordó concederle «a la mercantil del marido de la gerente» la ayuda de casi dos millones de euros, que quintuplicaba el límite subvencionable.