El sistema acaba con Alaya

Abre las diligencias 174/11 e inicia una paciente instrucción descalificada desde su inicio por el Gobierno andaluz, que circunscribe el fraude a «tres o cuatro golfos». En paralelo con una investigación interna que concluye que hay 72 intrusos, Alaya apunta hacia arriba y pide las actas de las 480 reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001 a 2010. El Ejecutivo de José Antonio Griñán pierde el pulso que echa a la juez ante el Supremo para no entregárselas.

En un explosivo testimonio, el antiguo chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero afirma que recibió ayudas de su jefe a través de una empresa fantasma que gastó en cocaína y regalos. Por su parte, durante el registro de la casa familiar de Lanzas, su madre asegura a los agentes que su hijo exsindicalista tiene billetes «para asar una vaca» y una cámara llena de jamones de pata negra.

Alaya decreta el ingreso en prisión preventiva de Guerrero y de su antiguo jefe, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que fue incluido en un ERE de una empresa para la que había trabajado y cuya ayuda terminó rechazando.

En julio de 2013, la instrucción da otro salto cualitivativo con la imputación de la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, así como una veintena de altos cargos de la Junta, entre los que se haya el interventor. Griñán deja la Junta, confiesa, para librar a la institución de la erosión de los ERE.

El día de la toma de posesión del nuevo gobierno de Díaz, Alaya señala a los expresidentes como preimputados así como a los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. El 12 de agosto de 2014 envía al Supremo la exposición razonada que inculpa a nueve aforados, incluyendo a Gaspar Zarrías yMar Moreno.

El tribunal imputa a Chaves, Griñán y Zarrías por prevaricación, confirmando la tesis de Alaya, e imputa además a Viera un delito de malversación de fondos públicos. Considera que participaron en el diseño de un sistema ilegal.

En 2014, antes de su marcha a la Audiencia, abre otra macrocausa por el fraude masivo de la formación y por los avales irregulares concedidos por la agencia IDEA a empresas en crisis.