Las cinco bolsas de fraude que ya no investigará Alaya

Todo empezó en Delphi, que constituye la primera línea de investigación . En 2007 la factoría que tenía el principal fabricante de componentes para automóviles de EE.UU. en Puerto Real (Cádiz) echa el cierre dejando en la calle a casi 1.600 trabajadores. Para acallar las protestas, el antiguo consejero de Empleo Antonio Fernández les ofreció cursos pagados a la espera de que el Gobierno andaluz de Manuel Chaves los recolocara en otras empresas, como había prometido. Fernández se convirtió en el primer ex alto cargo imputado en la causa de formación por repartir 52 millones desde 2008 a 2011 entre sociedades y entidades para montar cursos . La piedra de Rosetta de esta operación fue el protocolo de colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos con el objeto de desarrollar un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno.

Este plan, según la juez Alaya, se realizó en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación: siete subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Faffe, una fundación de la Junta que fue un coladero para afines al PSOE , por 35,9 millones, y otros 70 millones más que se entregaron a una once de empresas, entre las que se hallaban Gadir Solar, la Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI. «La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en la justificación », alega la juez.

La juez identifica cuatro entramados beneficiados con fondos públicos encabezados por los empresarios José Sivianes, José María Pérez González, Rafael Velasco Sierra (exnúmero dos del PSOE andaluz) y el exconsejero Ángel Ojeda . Cinco asociaciones suyas recibieron 33,3 millones para formar a los ex Delphi.

La cuarta línea de investigación se centra en la Red de Consorcios Escuela dependientes de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo andaluz ha solicitado reintegros en la mayoría de los 14 centros por colarle facturas de gastos sin relación con la acción formativa. La palma se la llevan los consorcios de Mijas, San Fernando, Málaga y Almonte.

Alaya sostiene que sí y ésta es la tesis que más incomoda a la Junta de Andalucía, puesto que afecta a la médula de la gestión socialista de las subvenciones de formación. De hecho, abrió una quinta línea de investigación relativa a las irregularidades detectadas por la Intervención de la Junta en los expedientes. Ha imputado a los exconsejeros Manuel Recio y Antonio Ávila , así como a exdelegados y jefes de departamentos que intervinieron en la adjudicación, control y justificación de los cursos .