El «caso ambulancias» desmonta el discurso de Susana Díaz sobre Aznalcóllar

El estallido del caso judicial de Aznalcóllar sorprendió a la secretaria general del PSOE andaluz en medio de un un paseo electoral por el barrio onubense de Isla Chica. Ágil de reflejos, Díaz no dejó pasar la ocasión que se le presentaba para demostrar que lo de ser «implacable» contra la corrupción no es una mera pose. No se lo pensó dos veces. Mandó parar el proceso y una inversión valorada en 304,6 millones de euros (capaz de generar 1.300 empleos) para acallar las críticas que empezaban arreciar desde todos los frentes de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU), que le reclaman gestos de acercamiento para facilitar su investidura.

La todavía candidata a la Presidencia de la Comunidad se mostró entonces tajante y resolutiva: «Ante cualquier sospecha que tenga un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta haré lo que he hecho esta mañana, ordenar que se paralice cualquier concesión que esté en esa situación». La consigna estaba clara: ninguna concesión a la duda, ningún síntoma de flaqueza ante el adversario. Cuando están en juego las alcaldías de los 775 municipios de Andalucía en las elecciones locales, todos los gestos cuentan.

Sin embargo, este discurso de firmeza se viene abajo en el «caso Ambulancias». El magistrado Juan Jesús García Vélez, el mismo que indaga en la trama de supuestas facturas falsas de UGT, ha abierto diligencias al apreciar indicios de delito tras admitir una querella criminal presentada por la empresa Andaluza de Ambulancias S.L. (ADEA) contra 16 personas, entre ellas altos cargos y mandos intermedios del Servicio Andaluz de Salud.

Como desveló ABC, ADEA denunció que se cambiaron sobre la marcha las condiciones del concurso para adjudicarle un «megacontrato» de 236 milllones de euros a Ambulancias Tenorio e Hijos SL. Desde julio de 2014, esta sociedad tiene el monopolio del transporte sanitario programado y urgente que generan los 188 centros de salud y nueve hospitales de la provincia de Sevilla. La investigación judicial no ha tenido ningún efecto en el servicio, que sigue prestándolo la adjudicataria.

Cuando conoció que el juez analiza irregularidades, el pasado 19 de marzo (el penúltimo día de la campaña de las elecciones autonómicas), Susana Díaz se limitó a señalar que ella en los «líos» de las empresas no se mete. Ante las preguntas de los periodistas en Motril (Granada), la presidenta fue más parca en explicaciones y aseguró que lo que diga la Intervención de la Junta y la Justicia «se aplicará».