La Junta remitirá todo lo que se pida sobre el concurso minero de Aznalcóllar

La semana pasada, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo insistía en la «legalidad y la transparencia» del concurso internacional minero de Aznalcóllar y aseguraba que se mantiene el calendario previsto para la reapertura de la explotación.

En una nota, a raíz de las informaciones relativas a la presentación de una denuncia por la empresa Emerita Resources, la cual concurrió sin resultar adjudicataria al concurso internacional para la explotación de la mina de Aznalcóllar, la Consejería de Economía insistía en que el procedimiento de licitación seguido para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar «se ha adecuado a la legislación estatal y autonómica, ha sido plenamente transparente para todas las empresas interesadas y se ha basado en criterios objetivos predeterminados de antemano, en igualdad de condiciones para todos».

Aseveraba que los funcionarios públicos que han seleccionado al consorcio adjudicatario de la explotación «han actuado con absoluta probidad, plena independencia de criterio, ajenos a eventuales influencias externas, motivando su decisión en Derecho y conforme al pliego regulador del concurso, mereciendo el pleno respeto y el máximo agradecimiento a su labor por parte del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía».

«Su honestidad y la completa legalidad de su actuación no admiten sombra de sospecha alguna y la Junta de Andalucía actúa y actuará con absoluta contundencia para defenderlas y dejar indubitada la imparcialidad de su decisión», ha dejado claro la Junta.

En este sentido, ante las declaraciones e informaciones relacionadas con denuncias presentadas por personas presuntamente vinculadas a la empresa Emerita Resources, la Junta de Andalucía, por medio de su gabinete jurídico, «se reserva las actuaciones oportunas para la defensa de la actuación seguida todos estos meses por los miembros de la comisión técnica y la mesa del concurso».

Ha recordado en ese punto que la empresa adjudicataria ha sido seleccionada por funcionarios de primer nivel, incluidos representantes del gabinete jurídico, la Intervención General, los departamentos de Economía, Medio Ambiente y Hacienda y de la propia Dirección General de Industria, Energía y Minas.