Díaz irá a los tribunales para exigir a Rajoy una nueva deuda histórica de 3.500 millones

Así lo expresó Díaz durante su intervención en el Debate del Estado de la Comunidad, cuyo arranque, unos diez minutos, lo dedicó a abordar la lacra de la corrupción, donde ha encontrado las mayores dificultades en su primer año de Gobierno y puesta de nuevo en primer plano político por las novedades judiciales de casos como el de los ERE y los fondos de formación. Sobre ello, la presidenta aseguró que la «corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de España».

Al hilo de esto, Díaz renovó su compromiso de investidura de ser «implacable» con la corrupción, aunque reconoció que esta cuestión «queda trabajo por hacer» y realizó algún anuncio, los más llamativos que se adelantará al primer trimestre de 2015 la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, y la puesta en funcionamiento del portal de la Transparencia. La entrada en vigor de esta Ley no está prevista hasta junio del próximo año.

Respecto a la creación de empleo, recordó que su Gobierno ha movilizado unos 900 millones para favorecer la creación de puestos de trabajo y anunció nuevos planes. Uno de ellos, supone la segunda parte del iniciado el pasado año sobre construcción sostenible y otro, sobre el retorno de los investigadores andaluces, ya lo esbozó con anterioridad. La principal novedad fue un plan para el fomento del empleo indefinido, sobre el que solo dijo que consistirá en «dar apoyo a las empresas para que les resulte más fácil ofrecer a sus trabajadores empleos estables».

Sobre el sector público, negó que las empresas públicas despilfarren dinero y volvió a insistir en que antes de final de año concluirán los trabajos del grupo de expertos para mejorar la eficiencia de las empresas públicas andaluzas. También recordó sus compromisos para devolver la extra a los funcionarios y para que los profesionales sanitarios recuperen el cien por cien de su sueldo.

Sobre la Ley de Dependencia, y ante los reiterados retrasos que han denunciado proveedores y ayuntamientos, la presidenta se comprometió a establecer un calendario de pagos para que se abonen estos programas a las empresas en sesenta días y un máximo de noventa.

Finalmente, la presindenta anunció una modificación de la Ley Urbanística para regularizar las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable, situación que afecta, dijo, a «miles de familias».

Y hasta ahí algunas de las principales novedades de un discurso en el que la presidenta ínsistió en colocar a la Junta como garante del Estado del Bienestar frente a los «recortes» y el «agravio» del PP.