La Junta dio un millón de euros a una fundación de Ojeda con un sólo empleado

Cuando los agentes de la UDEF se toparon con las empresas del exconsejero de Hacienda y constataron que detrás de ellas estaba la misma persona, indagaron en los movimientos de altas y bajas de trabajadores, las cotizaciones a la Seguridad Social y en los rendimientos que generaban. Estaban ante sociedades agraciadas con cuantiosas ayudas que debían cumplir una serie de requisitos. Así, el enunciado inicial de las ayudas que se cargaron al programa 32 D de los presupuestos autonómicos e incluido en la Orden 23/10/2009 especificaba que se subvencionaban acciones formativas para facilitar la reincorporación laboral de los alumnos. Sin embargo, los agentes no se encontraron con una red de empresas formativas generadoras de empleo y oportunidades, sino que descubrieron un grupo de sociedades sin apenas actividad, sin profesores y con alumnos a los que contrataban con sueldos míseros y que, por tanto, aportaban cotizaciones muy bajas a la Seguridad Social. Las conclusiones provisionales es que los 48,4 millones de euros que percibieron las sociedades de Ojeda Avilés a través de la Administración regional sirvieron para que se lucrara un grupo reducido de personas y no para luchar contra el grave problema de desempleo que arrastra la comunidad andaluza.

En los informes policiales se citan algunos ejemplos de cómo se destinaron subvenciones cuantiosas a sociedades cuasi ficticias. Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo e Integración de Inmigrantes, con sede social en Algeciras, se constituyó como un ente sin ánimo de lucro. Como administradora social, una mujer que consta en otras sociedades del entramado. La citada Fundación percibió el 31 de enero de 2011 dos ayudas por importe de 1.133.347 euros. Una tenía como fin formar a desempleados y otra estaba dirigida a acciones para discapacitados e inmigrantes. La fecha de convocatoria de estas subvenciones fue el 14 de julio de 2010. Los investigadores observan que esta fundación casi no tenía trabajadores hasta que solicitó la ayuda pública. Tan sólo se había producido un alta aislada, por un contrato de un mes y correspondía a la administradora social.

Sin profesores

Tras presentarse a la convocatoria de ayudas y hasta junio de 2011 (seis meses después de recibir más de un millón de euros), la Fundación da de alta a nueve trabajadores como administrativos, a media jornada y por un salario mensual de 374 euros. A la Policía no le sale las cuentas con una fundación que recibió una cantidad tan elevada, que no tenía personal docente ni experiencia para ejecutar acciones formativas y que tampoco generó empleo estable y de calidad que repercutiera en cotizaciones a la Seguridad Social.

Así, a los nueve meses de haber percibido más de un millón de euros en formación, esta fundación vuelve a quedarse sin trabajadores hasta que en marzo de 2012 recibe una nueva inyección económica a través de otras dos ayudas, por valor de 419.648 euros. Es en ese momento cuando vuelven a ser dados de alta otros cinco trabajadores en precarias condiciones.