Ojeda constituyó una red de 24 empresas, diez de ellas con sede social en su casa
Varias sociedades del exconsejero de la Junta andaluza ya fueron denunciadas e investigadas en 2008
SILVIA TUBIO
El entramado empresarial del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés es una tupida red de sociedades compuesta por asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, principalmente, que según los investigadores de la UDEF creció con el único fin de captar el mayor ... número de subvenciones públicas. Con los datos que obran en el Registro Mercantil y los que maneja la Policía Nacional en los informes a los que ha tenido acceso este periódico, el expolítico jerezano llegó a crear 24 empresas relacionadas con la formación, de las cuales diez de ellas nacieron con un domicilio social concreto: el número 2 de la calle Ebro, en el barrio sevillano de Heliópolis. La vivienda familiar de Ojeda Avilés fue uno de los lugares donde los agentes efectuaron un registro tras detener al otrora alto cargo andaluz en su residencia de verano, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
El resto de sociedades que son objeto de investigación también coinciden en sus domicilios sociales. Otro punto neurálgico de la red empresarial es el parque industrial Aerópolis en San José de la Rinconada, en Sevilla. Allí también acudieron los funcionarios de la UDEF en busca de documentación sobre las acciones formativas que habían realizado sufragadas con fondos públicos. Esa coincidencia en los domicilios fue uno de los indicios que tuvo la Policía para sospechar que detrás de todas esas empresas estaba la misma persona.
Ese listado de 24 sociedades no son las únicas que están vinculadas al exconsejero, quien creó o participó en los años 90 en varias sociedades pertenecientes a sectores muy variopintos como la construcción, la explotación de estaciones de ITV (actividad que abandonó tras asumir la Junta la gestión en exclusiva de este servicio) o el comercio de semillas.
Aunque Ojeda fue detenido hace dos semanas, algunas de sus sociedades ya fueron objeto de denuncias, quejas, sentencias en contra, avisos por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social e incluso epicentro de una investigación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por malas prácticas. Una sucesión de hechos ocurridos entre 2008 y 2011 (fecha de la última resolución de la Comisión).
Un negocio «muy lucrativo»
Antes de que la Junta de Andalucía aprobara la orden que regulaba la concesión de subvenciones para la formación ocupacional en octubre de 2009, Ojeda ya arrastraba experiencia en el negocio de los cursos. Algunas de sus empresas (Educanet, Prevengo, Humanitas, Prescal) venían operando en el terreno de la formación pero en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: un «muy lucrativo negocio» –afirma la Policía en uno de sus informes– que estuvo muy en boga hace pocos años.
La vivienda familiar de Ojeda fue registrada por la Guardia Civil
Estas sociedades fueron denunciadas por empresarios y autónomos, quienes relataban cómo había sido víctimas de amenazas y presiones para que contrataran acciones formativas si no querían ser sancionados por incumplimiento legal. Algunas patronales como la de Cáceres y la que aglutina al pequeño y mediano empresario de Ibiza lanzaron comunicados alertando a sus asociados de que estaban ante una posible estafa y que no tenían que ceder ante las prácticas de esos supuestos especialistas en la formación encaminada a prevenir accidentes laborales.
La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) que representa a empresas especializadas en la prevención laboral recogió todas estas denuncias y elevó una denuncia por conductas prohibidas a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que abrió un expediente en 2010 contra Forpe, Humanitas, Inteca y Prevengo.
La CNC lo archivaba sin consecuencias en marzo de 2011, pero en la resolución dictada se menciona cómo la Seguridad Social también había tenido que emitir comunicados de urgencia en 2008 y 2009 para informar que una de las empresas de Ojeda estaba usando la imagen del Inspección de Trabajo sin su autorización. Así el organismo, ante las denuncias de los empresarios que acudían alertados en busca de información, salió al paso negando cualquier tipo de relación con esas empresas y que estuviera realizando campañas de requerimientos generalizados.
El resto de sociedades que son objeto de investigación también coinciden en sus domicilios sociales
Prevengo, según las denuncias de autónomos y pequeños empresarios, enviaba a los empresarios correos electrónicos en los que adjuntaban una circular de la Inspección en la que se mencionaba la obligatoriedad de las empresas en formar a sus trabajadores en primeros auxilios y en medidas básicas contraincendios y que en caso de no contratar la formación, se enfrentaban a multas de hasta 800.000 euros.
La Inspección solicitó por escrito a las empresas de Ojeda que dejaran de actuar de esa manera y según la CNC, éstas acataron la reprimenda de la Seguridad Social.
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