La juez Alaya impone fianza de 8,7 millones a los hermanos Ruiz Mateos

En un auto notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone dicha fianza civil a Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Zoilo Ruiz Mateos S.L., Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes.

La magistrada considera que, tras la adquisición por parte del Grupo Nueva Rumasa del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) en el año 2003, los seis hermanos, junto a su padre también imputado en la causa, «se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta».

De este modo, «contactaron» con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, quien « se comprometió a conseguirles » la financiación para el ERE de esta empresa y de otras del grupo «mediante el uso de sus influencias a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido », por lo que, además del ERE de Europa Center -Hotel Cervantes-, la Junta financiaría las prejubilaciones de Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista, entidad a la que la Junta financió las prejubilaciones de dos ERE, y los ERE de Zoilo Ruiz-Mateos.

La juez sostiene que todos los pagos a Lanzas «fueron efectuados en 'B', mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos , procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros», siendo los sobres «retirados personalmente por Lanzas o por su compañera».

Al hilo de ello, la magistrada señala que las cantidades efectivamente abonadas por IFA/IDEA, con cargo al programa presupuestario 31.L en concepto de ayudas sociolaborales a las empresas del grupo, ascendieron a 21,9 millones de euros .

En relación a Europa Center -Hotel Cervantes-, la juez dice que los hermanos Ruiz-Mateos «conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas suscritas » de dos 'intrusos' que «fueron contratados pocos meses antes de solicitar el ERE y que eran antiguos trabajadores de empresas distintas también pertenecientes a la familia Ruiz-Mateos».

En igual sentido, y respecto a Dhul, Alaya asegura que el ERE estuvo precedido de la firma de un protocolo de colaboración entre el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, por el que la Junta «se comprometía» a financiarlo.

Tras ello, la solicitud del ERE por parte de Dhul se presentó el 16 de abril de 2002, firmándose el convenio de colaboración por el que se materializaron ayudas por importe de 7,6 millones de euros, todo ello, según Alaya, « sin que en dicho expediente se hubiera presentado solicitud formal de ayuda sociolaboral».

La instructora considera que las cuantías del expediente «fueron ampliadas sin justificación alguna a instancias» de Dhul argumentando que la póliza de prejubilaciones había sufrido un coste adicional de 2,3 millones, por lo que se amplió el crédito presupuestario de la póliza de prejubilaciones en dicha cantidad, si bien ésta « era realmente para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo éste que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio convenio a instancias de los imputados y de aquellos otros que intervinieron a favor de Dhul».

Finalmente, el compromiso de pago ascendió a 10 millones de euros, abonando no obstante IFA/IDEA 10,5 millones, «más del 100 por cien del total», es decir, « 589.088,85 euros de más que puede ser por los intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos», pone de manifiesto la magistrada en el auto.

«La ayuda sociolaboral y la ampliación a la misma otorgada para los 77 trabajadores de Dhul , en realidad se trataría de una ayuda a empresa para llevar a cabo varios proyectos de inversión que revirtieron en beneficio de la misma y que ya venían acordados antes de la solicitud», pone de manifiesto Alaya, que considera que fue en el ERE de Dhul «donde se inicia la relación» entre Lanzas y la familia Ruiz-Mateos.

Al hilo de ello, indica que Juan Lanzas «intervendría como intermediario» ante la Dirección General de Trabajo y, finalmente, «fueron incluidos como 'intrusos'» en el ERE de Dhul su cuñada Ángeles Sierra y el marido de ésta, Carmelo Cruz , ambos ya imputados en la causa.

De igual modo, fueron incluidos como 'intrusos' José Egea y Miguel Espinola, « ambos trabajadores autónomos y que fueron contratados por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE», en el que también se incluyó como 'intrusa' a Fernanda García, «quien nunca causó alta en Dhul» y que es esposa de Damián Jiménez, secretario de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004.

La juez añade que, con motivo del ERE, Dhul, «a través» de Carvia «y a modo de dádiva o recompensa» a Guerrero «por favorecer a la empresa», abonó a una empresa de su exchófer , Juan Francisco Trujillo, una factura falsa por importe de 6.960 euros.

Asimismo, y en relación a Dhul, la magistrada impone una fianza civil de 639.942,77 euros a Mario Augusto Montecatine, jefe de Seguimiento a la Inversión de la Caja Rural de Granada, y a María de la Cruz Ruiz, jefe de Créditos de esta misma entidad, que deberán hacer frente de manera solidaria a dicha cantidad junto a la propia Caja Rural de Granada, que ha sido declarada responsable civil subsidiaria.