Alaya impone una fianza de 1,6 millones a cinco imputados por el ERE de Dhul

Por medio de un auto notificado este jueves a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 706.277,28 euros al exdirector comercial de Dhul Rafael Carvia y también al que fuera apoderado y director general de la empresa, Carlos Santandreu . De igual modo, ha impuesto una fianza civil de 98.230,31 euros a Fernanda García , 'intrusa' en el ERE de Dhul, y a su marido, Damián Jiménez Rueda , que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 y que «motivó y se benefició de la inclusión de su esposa en el ERE». Ambos deberán hacer frente a dicha fianza civil con carácter solidario.

Por último, la instructora ha impuesto una fianza civil ascendente a 124.471,71 euros a Miguel Espínola , incluido también como 'intruso' en el ERE de Dhul, concediendo a todos ellos un día de plazo para la prestación de la fianza, «ordenándose el embargo de bienes, previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere». En el auto, la magistrada señala, respecto a Rafael Carvia y Carlos Santandreu, que ambos « participaron de forma activa» en el ERE de Dhul , cuyos trámites se iniciaron «tras contactar» con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas , «quien se ofreció para, a través de sus influencias, conseguir la financiación de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos por parte de la Junta».

«Fruto de lo anterior y de la participación activa» de estos dos imputados en el proceso, el 26 de diciembre de 2001 se firmó un protocolo de colaboración entre el propio Rafael Carvia y el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , donde se exponía la necesidad de la empresa de llevar a cabo la reestructuración de la plantilla a través de prejubilaciones. Tras ello, la solicitud del ERE por parte de Dhul se presentó el 16 de abril de 2002, firmándose el convenio de colaboración por el que se materializaron ayudas por importe de 7,6 millones de euros , todo ello, según Alaya, «sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna».

La instructora considera que Rafael Carvia, «en connivencia» con Carlos Santandreu, remitió un escrito a Guerrero «solicitando la ampliación de la financiación del ERE» por importe de 2,3 millones , ampliándose el crédito presupuestario de la póliza de prejubilaciones en dicha cantidad, si bien ésta «era para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo éste último que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio convenio».

Finalmente, el compromiso de pago ascendió a diez millones de euros, abonando no obstante IFA/IDEA 10,5 millones, «más del 100 por cien del total», es decir, « 589.088,85 euros de más que puede ser por los intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos», pone de manifiesto la magistrada en el auto. Según la juez, «la ayuda sociolaboral y la ampliación a la misma otorgada para los 77 trabajadores de Dhul , en realidad se trataría de una ayuda a empresa para llevar a cabo varios proyectos de inversión que revirtieron en beneficio de la misma y que ya venían acordados antes de la solicitud».

Alaya considera que «es en este expediente donde se fragua la relación» entre Lanzas y la familia Ruiz-Mateos, pues el 'conseguidor', «a través de su cargo de asesor siendo secretario general de la Federación de Alimentación y Tabaco de UGT-A, intervendría como intermediario ante la Dirección General de Trabajo y promovería con la participación» de Carvia y Santandreu la inclusión de hasta cinco 'intrusos' en el ERE, entre ellos dos cuñados de Lanzas, como son Ángeles Sierra y Carmelo Cruz . Entre estos 'intrusos' fueron incluidos además Miguel Espínola, que fue contratado por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE y quien percibió 93.353,78 euros, y Fernanda García, «quien nunca causó alta» en la empresa pero que fue incluida en el ERE «gracias a las influencias ejercidas» por su marido, percibiendo finalmente 55.092,84 euros.

El marido de la imputada, Damián Jiménez Rueda, «fue quien de este modo, y prevaliéndose de su amistad con Lanzas, consiguió» que su mujer fuera incluida en dicho ERE «pese a que ésta no había trabajado nunca en Dhul », a lo que se suma que la 'intrusa' «ni tan siquiera cotizó en la Seguridad Social en el periodo que abarca desde 1982 hasta 2007», fecha en la que causó alta en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde cesó en 2009». Según la juez, esta imputada «compaginó las cuantías percibidas por su trabajo en Faffe con las de la póliza».

La juez señala que con motivo de este ERE, Dhul, «a través» de Carvia y Santandreu «y a modo de dádiva o recompensa» a Guerrero, abonó a una empresa de su exchófer , Juan Francisco Trujillo , una factura falsa por importe de 6.960 euros . A la hora de fijar la fianza para estos dos últimos imputados, la juez calcula el cinco por ciento de los 10,5 millones en ayudas recibidos por Dhul, más el tercio legal, pues considera que «ambos actuaban presuntamente bajo las instrucciones recibidas en última instancia» por José María Ruiz-Mateos o de sus hijos. La juez no impone medida cautelar alguna a Joaquín Yvancos, exabogado de los Ruiz-Mateos, ya que no la pidió ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de partes personadas.