Caso UGT: anatomía de un fraude

UGT-A montó una contabilidad paralela a la oficial que fue «perfeccionando» año a año y que constituyó la «vía más importante de financiación» ilegal de la federación andaluza durante más de una década. La afirmación no es de ABC ni de otros medios de comunicación a los que los exdirigentes «ugetistas» Manuel Pastrana y Francisco Fernández —que acabaron dimitiendo— acusaron de orquestar una campaña de mentiras para desacreditarles. Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil después de analizar miles de expedientes requisados en las sedes de UGT-A y tras detener a 16 personas entre exresponsables del sindicato, encabezados por su extesorero, Federico Fresneda, y administradores de empresas que se prestaron a maquillar facturas de gastos internos para justificar ayudas destinadas a formar a parados.

La contabilidad supuestamente fraudulenta de UGT-A que investigan el juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil , se nutría de tres fuentes: facturas falsas, «botes» o saldos acumulados con sus proveedores habituales y las «comisiones» o «mordidas» que pagaban empresas por cada compra con dinero público y que engrosaban otra cuenta reservada del sindicato. ABC analiza los ingredientes con los que se construyó la trama que ha hundido la reputación del sindicato 126 años después de su fundación.

El kilómetro cero del fraude arranca en el departamento de Administración de la sede regional de UGT de la calle Antonio Salado, en el Centro de Sevilla, que supervisaba Fresneda, tesorero durante quince años de mandato de Manuel Pastrana. El sindicato daba instrucciones a través de elocuentes correos electrónicos a sus proveedores habituales —KND, Lienzo Gráfico, Siosa, Chavsa o Viajes Macarena— para colar gastos internos como costes asociados a cursos. Así lo admitieron sus administradores ante el juez. Se hacían facturas a la carta para esquivar los controles de la Administración. Como muestra, un botón. El sindicato costeó la compra de banderas y piruletas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 con ayudas de la Junta para formar a parados. La jefa de Compras, Lola Sánchez, una de las imputadas, indicó a la agencia Cuerda de Castro que confeccionara otra factura donde en lugar del material para las protestas figurara el programa Memta (de formación profesional). «Sólo tiene que aparecer esto, ninguna otra cosa que no sea», dejó escrito.

UGT-A pactó el cobro de comisiones con las empresas en las que gastaba las subvenciones.Era el peaje que tenían que pagar sus proveedores a cambio de conseguir contratos y participar en el boyante negocio de la formación. El sindicato institucionalizó el cobro de los denominados «rápeles» . Les dedica un apartado específico en su Manual de Procedimientos del programa informático Spyro que diseñó a finales de 2010 para gestionarlos, como destapó ABC. El sistema era sencillo. Del importe de cada compra se descontaba un porcentaje (entre el 3 y el 30%) en las facturas que presentaba a la Administración. De este modo, el sindicato obtenía un beneficio económico a costa de cursos que le salían gratis. En realidad, eran «mordidas» porque no informaba de su cobro a la Junta. El dinero terminaba en una cuenta que UGT-A utilizaba para «engrasar» a sus federaciones y empresas. Entre 2010 y 2011, la federación ingresó 615.000 euros por esta vía.

La tercera entrada de dinero en la supuesta caja b del sindicato provenía de los botes. El programa informático que instaló UGT ilustra sobre la «gestión de botes», que se llamaban como los premios acumulados de sorteos de loterías que no tocan. La organización falseaba facturas e hinchaba el precio de las compras y los servicios que contrataba con dinero público. La diferencia entre el coste real y el ficticio se acumulaba en un saldo. Había tantos botes como proveedores de confianza. Con el fondo generado con facturas falsas de Viajes Macarena (cuyo responsable está imputado) se costearon estancias en hoteles andaluces del secretario general, Cándido Méndez.

En la etapa de Pastrana, directivos de UGT-A también cobraron sobresueldos con dinero público. Se autoremuneraban con 900 euros fijos al mes repartidos en dos pagas que se sumaban a los sueldos de que disfrutan como liberados sindicales por sus respectivas empresas. Los dirigentes, instalados en la negación sistemática de todo desde que estalló el escándalo, tampoco reconocen estos pagos, pese a los asientos contables que así lo acreditan.