El extesorero dice que la ejecutiva de UGT conocía la alteración de facturas

Fresneda, al que el juez imputó sendos delitos de falsedad y delito contra la hacienda pública en su modalidad de fraude en las subvenciones, salió libre pero con obligación de presentarse cada quince días en el juzgado después de comparecer casi dos horas ante el juez de instrucción número nueve que instruye el caso de las facturas falsas. La jornada de ayer pone colofón a la operación Cirene 2 puesta en marcha a instancias de la UCOy la Fiscalía Anticorrupción y se saldó con la puesta en libertad de dos directivos y una trabajadores de UGT. Tanto Fresneda como María Charpín (exresponsble del departamento de justificacioes de UGT a quien se le impuso la misma obligación de acudir cada quince días) y Dolores Sánchez , encargada de compras de esta formación, salieron libres.

Ninguno de los tres admitió la existencia de facturas falsas que investiga el juzgado y todos tiraron hacia arriba pasándose unos a otros la pelota de la responsabilidad . Las dos primeras dieron a entender que las facturas se las indicaban desde arriba y el tercero que también le venían elaboradas aunque lo sabían desde arriba. Así hasta llegar a la ejecutiva de UGT-A que, según admitió el propio tesorero, estaba informada de todo lo que se hacía en la gestión del sindicato.

Así la declaración de Fresneda, el último de todos, que abandonó el juzgado en su coche con cara de alivio tras quedar en libertad, se basó en defender que él no sabía nada de las facturas infladas y que le llegaban las citadas facturas «ya elaboradas» con el cargo y el programa . Pero también disparó hacia abajo señalando a su empleada Charpín (también imputada) a la que señaló como la responsable de hacer las citadas facturas. Como era de esperar, el extesorero imputado negó tener conocimiento de partidas infladas o facturas falsas.

Antes de Fresneda declararon sus dos subordinadas. María Charpín , a quien el juzgado impuso la misma obligación de acudir cada quince días, aseguró que ella era la encargada de gestionar las subvenciones y rellenarlas pero que insistió en que cumplían con la legalidad y con el correspondiente reglamento andaluz. Y Sánchez que admitió que hacía una factura de varios albaranes.