Dos imputados acusan a Alaya de «criminalizar la política»

El abogado José María Mohedano , en un recurso al que ha tenido acceso Efe, pide a la Audiencia de Sevilla que anule la segunda imputación de sus clientes dictada por la juez Alaya, quien acusó a los dos ex altos cargos del «oscurantismo e ilegalidad» de las ayudas investigadas.

Según el defensor, las llamadas transferencias de financiación usadas para pagar las ayudas «no son indebidas ni inadecuadas y carecen de caracteres delictivos» y los directores de Presupuestos « no tienen atribuciones para incluir partidas , dictar resoluciones ejecutivas ni tienen competencias de control sobre la legalidad de los gastos».

Mohedano afirma en su escrito que «criminalizar una política, o unos objetivos políticos , como reiteradamente realiza la instructora, es intentar criminalizar una decisión de representante del pueblo andaluz», lo que «constituye a todas luces una extralimitación».

A lo largo de 115 folios, el recurso defiende que la juez instructora no ha concretado cómo se produce la participación de los exdirectores en los delitos de prevaricación y malversación y mantiene que «la dirección general de Presupuestos, como consta en el sumario, no pudo conocer el uso inadecuado de las transferencias de financiación ».

También asegura que el informe de la Cámara de Cuentas , que es el órgano competente para el control externo de la actividad económico-financiera de la Junta, «no puede ser suplantado» por los peritos del juzgado y añade que los directores de Presupuestos no tenían competencias para elaborar ni controlar los Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) del IFA, en contra de lo que opina la juez.

Antonio Lozano, que fue director de Presupuestos entre 2002 y 2009, « ni elaboró el Anteproyecto de Presupuestos , ni incluyó en el mismo las transferencias de financiación, ni podía impedir su inclusión, ni dispuso de competencias para los expedientes de aprobación presupuestaria, ni tenía facultades de control», según su defensor.

En cuanto a su sucesor Buenaventura Aguilera , no dispuso de información sobre el supuesto uso ilegal de las transferencias de financiación durante su etapa de jefe de servicio ni incumplió lo requisitos legales por los que se regulan las modificaciones presupuestarias, mantiene la defensa.