Los tres poderes contra Alaya

Pero en los últimos tiempos, sobre todo a medida que la juez iba escalando peldaños en la conocida pirámide e iba tomando decisiones de más trascendencia, la ofensiva se ha acentuado con un claro matiz que, independientemente de lo polémicas que puedan ser sus autos, trascendían lo jurídico y tenían una clara intencionalidad política .

Y es que, mientras en la esfera procesal cada escrito de la instructora ha provocado una avalancha de recursos que normalmente acaban en la Audiencia Provincial de Sevilla, los ataques contra Alaya ya llegan desde los tres poderes: el judicial, el ejecutivo y hasta el legislativo.

A la juez de instrucción seis de Sevilla la han atacado desde los propios jueces incluso desde el máximo órgano de poder judicial. No está tan lejos cuando era el anterior presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner ,el que llegaba a amenazar con expedientarla si no agilizaba las causas (provocando la repulsa unánime de todas las asociaciones de jueces).

Esta semana, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera a Alaya que despiezara el caso y enviara al Tribunal Supremo la parte política de los preimputados que son aforados, era el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce , el que presionaba a Alaya. «Ha llegado la hora de que se parcele la causa» , repetía avalando las tesis de Anticorrupción. Más suave era el presidente del TSJA, Lorenzo del Río , que decía estar convencido que Alaya decidirá «lo mejor» pero que calificaba la petición de Anticorrupción como «digna de estudio».

Pero las presiones para que la juez envíe el caso al Supremo —algo que podría beneficiar a los políticos pero que otros como Francisco Javier Guerrero , que tendrían que sentarse muchas veces en el banquillo, no quieren ni oír hablar— llegaban también desde el Ejecutivo andaluz. En la Junta de Andalucía el propio consejero de Justicia, Emilio Llera, calificaba de «lógica y razonable» la petición de Anticorrupción y pedía a la juez «respeto» al Parlamento de Andalucía. «Se pide respeto para los tribunales pero también hay que respetar a los otros poderes del Estado», decía refiriéndose a la decisión de la instructora de investigar si la comisión de Economía del Parlamento pudo conocer las irregularidades que se estaban produciendo en las partidas presupuestarias.

También desde el PSOE, uno de los preimputados, el expresidente de la Junta y diputado en el Congreso, Manuel Chaves , se quejaba de su situación al asegurar que hay personas que están «en el limbo jurídico»y sin posibilidad de defenderse. E incluso lanzaba el ataque directo a Alaya al preguntarse «si hay algún interés judicial por parte de la juez de mantener el control del procedimiento».

Y la ofensiva llegaba esta semana, por primera vez, desde el poder legislativo: el Parlamento andaluz. Era el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia , el encargado de hacer pública su queja. De hecho el presidente del Parlamento enviaba una misiva al Consejo General del Poder Judicial por los autos de Alaya en los que se pedía investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas de los ERE fraudulentos.

«Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros», decía Gracia. Incluso acusaba a la instructora de carecer de jurisdicción para ordenar una investigación sobre el Parlamento y calificaba de «gratuito» el juicio que hacía sobre los diputados en el ejercicio de sus funciones.

Y desde el grupo socialista, su portavoz Mario Jiménez, remataba las críticas afirmando que la juez «ha cruzado una frontera que, en un Estado de Derecho y democrático en el que se garantiza la división de poderes, no se debería haber cruzado jamás». Está claro que la instrucción de los ERE ha entrado en su fase más política. De ahí la triple ofensiva contra ella.