La Fiscalía Anticorrupción pide a la juez Alaya que eleve la causa contra Griñán y Chaves al Supremo

En un escrito que acaba de hacerse público, la Fiscalía considera «agotada la investigación en esta sede judicial», es decir, en el juzgado de instrucción, «en todo lo posible a las personas que gozan de fuero». Es decir a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, la exresponsable de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , el exconsejero de Economía Antonio Ávila , los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y José Antonio Viera y el exmandatario en la consejería de Innovación, Francisco Vallejo .

En este sentido, Anticorrupción cree que «se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa a procedimiento específico al órgano superior competente atendiendo a la calidad de fuero de las personas» a las que la juez Alaya señaló cuando firmó un auto en el que las consideraba preimputadas . Sería la pieza relativa a a la idoneidad y el procedimiento contable utilizado por la Consejería de Empleo de la Junta en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis con cargo al programa 31-L .

El fiscal cree necesaria la separación en piezas separadas por «la extensión y complejidad de los hechos» y por el elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de estos y el importante número de imputaciones que pueden derivarse así como «la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados».

Pero Anticorrupción, en un amplio escrito en el que relata los hechos, también recuerda la extensión de la causa y cuantifica las ayudas. Según recuerda se han pagado más de 709 millones de euros en más de 200 expedientes de los fondos públicos . Hay 126 expedientes de ayudas sociolaborales de prejubilación, por las que se pagaron 582.189.272 euros y 275 expedientes de ayudas a empresas, por las que se pagó 127.761.211 euros . Anticorrupción asegura, en este sentido, que la cifra total no es una mera suma aritmética de estas cantidades pueso que los exepidentes que ya han sido analizados «ponen de manfiesto la conexión de algunos de ellos atendiendo al beneficiario».

De esta manera, Anticorrucpion solicita a la juez que abra varias piezas separadas sobre el caso de las ayudas fraudulentas en la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Por una parte una pieza con cada expedientes de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa salvo «conexididad en cuanto a la identidad de los sujetos beneficiarios». Y por otra parte pieza separada relativa a la determinación, pago y destino de las denominadas «sobrecomisiones» .

Además, en su escrito, el fiscal considera que el «menoscabo de fondos públicos» provocado por el caso ERE no se restringió a los intrusos , sino que realmente las actuaciones llevadas a cabo por Empeo a través de su Dirección General de Trabajo se realizaron sin sujección al procedimiento legalmente establecido.