¿Qué ha fallado en la mina de Aznalcóllar?

Con más de un 36% de la población activa andaluza engrosando las listas del paro, la Junta se ha convencido de que potenciar el sector industrial es fundamental para generar empleo estable. La siguiente cuestión es: ¿Cómo se concilia esta pretensión —que requiere de políticas de muy largo plazo que fructifican tras décadas de esfuerzo— con un eslogan que se pueda amortizar en las próximas elecciones autonómicas? La presidenta Susana Díaz encontró su propia fórmula: prometió a bombo y platillo en su campaña de primarias que abriría Aznalcóllar en apenas dos años para imitar en esta zona el éxito de Cobre las Cruces y Mina de Aguas Teñidas SA. Ahí reside el primer gran error. Al margen de las enormes diferencias que existen entre estos tres enclaves (pues no todas las minas son iguales), tanto Las Cruces como Matsa han necesitado más de un lustro para alcanzar su madurez y han nacido del impulso del sector privado (que se encontró en su momento con numerosas trabas burocráticas por parte de los entonces gestores de la Administración autonómica).

Una vez que la presidenta Susana Díaz exige el pasado julio que se apruebe un decreto de reapertura antes del fin de 2013, la Consejería de Economía se pone manos a la obra para elaborar un texto cuyo objetivo es convocar un concurso internacional en busca de un gran grupo inversor. El equipo de juristas y técnicos trabaja con gran voluntad pero se topa con dos problemas . En primer lugar, el área minera necesaria para el concurso ya estaba cubierta por la solicitud de tres permisos de investigación de las empresas SC Andalucía Mining y Qbis Resources. Dichos permisos, tras dos años de tramitación, no han sido otorgados ni denegados, pero sus solicitantes tienen el derecho preferente que les confiere la Ley de Minas. La Junta improvisa una solución de urgencia: expropia estos derechos a los solicitantes por razones de utilidad pública e interés social. Ahí se abre el primer frente legal.

En segundo lugar, como la Ley de Minas no permite a la Comunidad Autónoma gestionar estos dominios, sino que debe de ser el Estado quien lo haga, la Junta improvisa una sofisticada interpretación de la Ley de Minas que explica en el preámbulo del decreto autonómico, que dice literalmente: «En esta ley preconstitucional [la norma estatal de 1973] la mina tiene un doble significado jurídico , como yacimiento, objeto de propiedad del estado, y como actividad extractiva», y a partir de ahí decreta que «la Comunidad Autónoma de Andalucía se reserva la actividad extractiva de los derechos mineros de todas las secciones en los terrenos correspondientes» a los permisos de investigación en Aznalcóllar. En resumen: Un ente que no es el Estado se atribuye una competencia que no tiene. Dado que el yacimiento no le pertenece, desarrolla un derecho sobre la supuesta capacidad extractiva en el yacimiento (como si fueran un asunto distinto al de la propiedad). Al Estado no le ha quedado más remedio que recurrir, pues no puede permitir que se le quiten competencias fundamentales (como es el de la riqueza del subsuelo). ¿Cómo reaccionaría la Junta de Andalucía si el Ayuntamiento de Sevilla, unilateralmente, decidiera convocar un concurso de explotación sobre las Atarazanas?

La Junta se defiende diciendo que la Ley de Minas, al ser de 1973, es franquista. Aquí hay que hacer otra aclaración: Cuando la Consejería de Innovación ha decidido anular los derechos de las otras dos empresas en Aznalcóllar (Qbis y SC Mining) ha utilizado la Ley de Expropiación Forzosa, que data de 1954. ¿Las normas son franquistas solo cuando conviene a una de las partes?

Tras aprobar el decreto, el concurso para buscar un inversor internacional para Aznalcóllar ya estaba en marcha, pero caminaba con rumbo incierto. El próximo 16 de abril se iba a cumplir su primer plazo, cuando se conocerían las empresas candidatas y se seleccionarían tres «según su solvencia económica, calidad técnica y las garantías medioambientales». A partir de ahí, las firmas elegidas tendrían cinco meses para presentar sus proyectos detallados a la administración autonómica . Existía una enorme preocupación en el seno de la Junta pues los criterios han resultado ser enormemente restrictivos e impedían que se presentasen pequeños operadores y Aznalcóllar es un yacimiento demasiado modesto como para atraer a gigantes del sector. Esta contradicción amenazaba con dejar el concurso desierto (y obligaba a buscar a la desesperada a empresarios de confianza que quisieran presentarse para salvarle la cara a la Administración).

En cualquier caso, el recurso de inconstitucionalidad del Estado no debería dilatar el proceso durante años, con el coste para la imagen exterior de Andalucía (y España) que tendría esta parálisis. Es necesario un acuerdo rápido entre Junta y Estado que, además, le daría margen al Gobierno andaluz para reformular el concurso internacional y buscar socios industriales en condiciones razonables . La Junta puede retirar el Decreto (que el recurso ha suspendido automáticamente) a cambio de que el Estado —en uso de sus competencias— otorgue facultades al Gobierno andaluz para la organización del concurso. Aquí es donde se va a demostrar la voluntad real de las dos partes para relanzar Aznalcóllar, más allá de la rivalidad política.

Supeditar los retos de la política minera e industrial a promesas y medidas electorales es incompatible. La Faja Pirítica en su conjunto es una zona de gran potencial pero hay que tener muy en cuenta sus características. Bajo su superficie (de 250 km de largo y 50 de ancho) se estima que descansan unos recursos superiores a 1.500 millones de toneladas (que crecerán a medida que se hagan nuevas exploraciones), pero gran parte son sulfuros polimetálicos, una mezcla de sulfuros de cobre, zinc y plomo interrelacionados y con un tamaño muy fino , lo que dificulta y encarece su explotación (y compromete en muchos casos su rentabilidad). No se puede prometer El Dorado a dos años vistas ya que la maduración de una iniciativa empresarial en estas condiciones es larga y compleja.

La Administración debe ayudar a que las compañías que se instalen en la zona puedan crear economías de escala (sin explotaciones eficientes no habrá empleo), agilizar trámites administrativos, respaldar aquellos proyectos tecnológicos que tratan de resolver con I+D los problemas para el tratamiento de los sulfuros polimetálicos.. . El primer paso se ha conseguido, ya que la Consejería de Economía, al fin y al cabo, ha entendido la importancia del sector minero y está haciendo un esfuerzo sincero por promocionar este negocio… Pero novatadas como la de Aznalcóllar se pueden pagar muy caras.