Alaya impone fianzas civiles por 416.000 euros a dos exsecretarias de Guerrero

Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido «conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discr eción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos».

Además, las dos imputadas «serían conocedoras de los numerosos 'intrusos' en pólizas de prejubilaciones» de distintas empresas. La juez también les atribuye haber sido «plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados» y del «presunto tráfico de influencias» del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero «y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros». En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido, «a través de la influencia ejercida sobre Guerrero y del contacto que tenía con Lanzas», que «su amigo» José Luis Llorente Herrero fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell de 6 de junio de 2008, a quien «por mediación» de Lanzas «se le haría en la citada empresa un contrato de trabajo simulado» que supuso un coste para la Junta de 165.585,75 euros.

En relación a Sayago, la instructora asevera que «su indiciario conocimiento de la arbitrariedad en la concesión de las ayudas con total ausencia de procedimiento se vería acreditado además» con el hecho de que, «a través de la influencia ejercida en Guerrero, conseguiría que la empresa de su marido -Coflosur- recibiera el 5 de marzo de 2004 una ayuda directa a empresa por importe de 60.000 euros».