La Intervención del Estado no investigará a la Cámara de Cuentas por los ERE

El Interventor General del Estado, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, afirma que analizar cómo la Cámara de Cuentas andaluza ejerció sus competencias « excede del marco institucional » de sus funciones, porque «estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario como es la Cámara de Cuentas de Andalucía».

«Con el mayor y debido respeto a Su Señoría», el Interventor pide a Alaya que «reconsidere» su petición dada la «extralimitación del ámbito competencial que supondría».

La Intervención General del Estado ya elaboró un informe en el que reprochó que sucesivos consejeros andaluces no habían controlado de manera adecuada los fondos investigados, por lo que la juez Alaya le pidió el pasado 20 de febrero una ampliación de su peritaje para determinar qué podría haber hecho la Cámara de Cuentas para «en definitiva, evitar la continuidad del Programa 31L a través de las transferencias de financiación».

La juez, en un auto notificado este lunes las partes, insiste en su petición porque no la hace a los interventores generales del Estado como tales, pues en tal circunstancia «estarían sujetos a ciertos límites institucionales», sino como peritos al servicio de la administración de justicia.

Alaya aprovecha su auto para valorar la «encomiable colaboración» prestada por la Intervención General y para lamentar su « escasez de medios personales y materiales ante la magnitud de esta causa, no ya por su volumen sino por la complejidad, alcance, normativa legal aplicable y un largo etcétera».

En su escrito, el Interventor General únicamente acepta la posibilidad de abordar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que sus funcionarios analicen la totalidad de las subvenciones sociolaborales concedidas con cargo a la partida 31L, pero señala que es imposible asignar nuevos inspectores y deja su realización a criterio de los ya designados.

Sobre la ampliación solicitada, el Interventor del Estado destaca que su organismo «atendió con diligencia la demanda de auxilio jurisdiccional» de Alaya y a pesar de «las limitaciones de medios personales existente» dedicó cuatro funcionarios : dos del cuerpo superior de Interventores y dos del cuerpo técnico de Auditoría y Contabilidad.

A ello se unieron los servicios informáticos hasta redactar un informe de 1.051 folios y otros 7.194 en anexos.

El trabajo hasta ahora realizado -dice el Interventor General- no ha rebasado la habilitación funcional de estos trabajadores como supervisores de la contabilidad pública y el control interno del sector público estatal, pero al ser la Cámara de Cuentas un órgano externo la nueva pericial «sobrepasa claramente los límites de su ámbito institucional».