Guerrero acusa a la Guardia Civil de «falsear» los movimientos en sus cuentas bancarias

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 8 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, recuerda que el pasado 20 de marzo de 2013, con motivo de la primera fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la UCO, la magistrada dictó un auto en el que ampliaba las imputaciones contra su patrocinado y decretaba, por segunda vez, su ingreso en prisión provisional.

El letrado pone de manifiesto que el fundamento de dicho auto «era, en síntesis, la imputación» de un delito de cohecho, «fundamentado en determinados informes de la UCO en los que se manifestaba que mi representado había recibido una serie de transferencias en sus cuentas provenientes del holding Vitalia». En este sentido, el abogado también recuerda que, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto donde la juez decretaba el ingreso en prisión del imputado , aportó sendos certificados bancarios de las cuentas que mencionaba la UCO «demostrativos de la inexactitud y falsedad del informe de los investigadores».

Así, pone de manifiesto que, del análisis de los movimientos de dichas cuentas, se pueden extraer una serie de conclusiones, como que «no existe» ninguna transferencia realizada por el holding Vitalia, por el exdirectivo Antonio Albarracín ni por el resto de las empresas investigadas. «No existe un solo movimiento que soporte la sospecha de ilegal o tan solo irregular, que no sea la forma continuada de llevar su economía particular a mi representado», quien mantenía dos cuentas abiertas en la Caja Rural del Sur que «soportaban la mayoría de los compromisos de pago del matrimonio, encontrándose en ella domiciliados los gastos corrientes».

Asimismo, Guerrero disponía de otra cuenta abierta en La Caixa «donde recibía sus ingresos», señala el letrado, quien precisa que «cuando las cuentas de Caja Rural del Sur iban quedándose sin saldo», su cliente «transfería o ingresaba para compensar -generalmente 2.000 euros-», a lo que se añade que de 2004 a 2007 la mujer del imputado «estuvo trabajando en Gestifesa», periodo de tiempo en el que «ingresaba aproximadamente 2.000 euros, cobrándolos habitualmente en efectivo». «Como quiera que el recurso de apelación se interpone ante» el Juzgado de Instrucción número 6, «pero a los solos efectos de su traslado, siendo el juzgado de instancia un mero transmisor del mismo», el abogado interesa que, a fin de que la juez Alaya «tenga la información» detallada, «acuerde el desglose de los certificados referidos del recurso de apelación mencionado y se incorporen al presente escrito».

De igual modo, «dado el tiempo transcurrido» sin «haber recibido los detalles que servían de base a los investigadores para llegar a las conclusiones que precipitaron la segunda entrada en prisión» de Francisco Javier Guerrero, el abogado solicita que se les haga entrega de los mismos. Por todo ello, pide la declaración del «superior jerárquico» de los agentes de la UCO que «intervienen en las investigaciones de estas diligencias previas».