Anticorrupción pide 1,54 millones de euros de fianza al presidente de Surcolor

Bustamante, en cuya casa la Guardia Civil halló 23.000 euros, declara a la juez que pagó 118.000 euros a Lanzas por ayudas

Anticorrupción pide 1,54 millones de euros de fianza al presidente de Surcolor efe/raúl caro

a.r. vega

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de 1,54 millones de euros para el presidente del Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, tras su declaración ante la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya , que investiga el caso ... de los ERE fraudulentos.

La Junta le concedió 1,16 millones de euros en ayudas sociolaborales que consiguió el exsindicalista Juan Lanzas y de las que se beneficiaron 26 personales, de los cuales dos no habían trabajado para la empresa fotográfica. La juez le imputa supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Manuel Bustamente declaró a la magistrada que pagó 118.000 euros a Lanzas a cambio de gestionarle las subvenciones y para ello Juan Francisco Algarín, un testaferro del exdirigente de UGT emitió una factura que cobró el propio Lanzas. Además abonó otros gastos al bufete de Estudios Jurídicos Villasís, que gestionaba el imputado Carlos Leal. En la última redada policial ordenada por Alaya para seguir el rastro al dinero obtenido en las sobrecomisiones procedentes de la gestión de los ERE, la Guardia Civil encontró 23.000 euros en su casa de Gines (Sevilla).

Manuel Castilla Bustamante ya declaró a la Guardia Civil que "ante la inclusión de dos 'intrusos', se puso en contacto" con el imputado, con Carlos Leal y con el 'conseguidor' de los ERE y Lanzas, quienes "le dijeron que no pasaba nada por el hecho de que entre los beneficiarios figurasen dos trabajadores ajenos a las empresas". Simultáneamente, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero envió "un fax a la aseguradora que suscribía la póliza colectiva en el que mostraba su conformidad para que en la misma se incluyeran 26 -que no 24- trabajadores de sus empresas, motivó" que Castilla Bustamante "firmara su conformidad al ERE que afectaba a sus empresas.

En un auto dictado en marzo, Alaya consideró "lógico suponer que la inclusión de los dos intrusos fuera conocida por Rivas", en alusión al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, también imputado. Uno de los intrusos, José Antonio Márquez, es concuñado de Rivas, y el otro, Juan Manuel López Espada "era el marido de una concejal del PSOE" en Camas, "localidad de cuna" del imputado y "donde fue edil durante más de diez años, justo antes de ser nombrado delegado provincial de Empleo".

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