La defensa de Lozano acusa a Alaya de esquivar la imputación de los aforados

En un recurso presentado por el abogado José María Mohedano en representación del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y el que fuera director general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, ambos imputados y citados a declarar, el letrado no solo pide la nulidad del auto de imputación, sino que además lanza un grave ataque a la juez a la que acusa de estar reteniendo el caso al no imputar a los altos cargos que, por ser parlamentarios, tienen que ser encausados por otro tribunal (en el caso del presidente José Antonio Griñán por el Tribunal Supremo).

En un detallado escrito de 31 folios, Mohedano recuerda que ya en abril de 2012 la juez hizo «una selección aleatoria de personas o cargos públicos» entre los que se encontraba José Antonio Viera, (exconsejero de Empleo) superior jerárquico del imputado Antonio Fernández (que también ocupó el mismo cargo) cuando el primero fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004. Sin embargo, dice el letrado, la juez, a pesar de lo que dijo en ese auto y de lo que figura en las actuaciones no dirige la imputación contra José Antonio Viera. «En nuestra opinión no lo hace porque se trata de un aforado y a lo largo de toda la instrucción ha intentado eludir la imputación de cualquier aforado mediante elevación de la propuesta al Tribunal competente», mantiene el recurso.

De hecho, el abogado incluso presenta un gráfico con los altos cargos de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, Hacienda y Administración Pública y del IFA distribuidos en tres grupos: aforados, no aforados imputados e imputados. E insiste en que Alaya imputó a todas las personas que ocuparon el cargo de secretario general técnico de Empleo de 2000 a 2012, a todos los directores generales de Presupuestos de 2002 a 2012, al que fue interventor general de 2000 a 2012, al interventor de Empleo de 2008 a la actualidad, a los viceconsejeros de Innovación de 2004 a 2012 y a los directivos de IDEA hasta la actualidad.

Sin embargo recalca que «llama poderosamente la atención» que no haya decidido la imputación de otras personas que ocuparon los mismos cargos como los titulares de la Consejería de Hacienda entre 2004 y 2012 (serían el propio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) o a los viceconsejeros de 2004 en adelante. E insiste en no entender las razones de «tan selectiva imputación» que evidencia que se trata de imputaciones que no están motivadas e incluso asegura que ello permite a la juez hacer «una instrucción ilimitada de la causa».

El recurso además alega la indefensión que sufrió Lozano que, según dice sufrió «el deterioro de su imagen pública y el menoscabo de su honor» yaque, según recalca, el auto de imputación «corrió por todos los teletipos de España y era conocido en todas las redacciones periodísticas antes de que ni siquiera recibieran la notificación formal». Además de volver a comparar el caso con el de la Infanta (como ya hizo la Junta de Andalucía) recalca que la juez carece de competencias para enjuiciar leyes como la de los presupuestos del Ejecutivo andaluz y le recuerda que los programas que investiga no fueron elaborados por la Dirección General de Presupuestos. Y también que no le es posible defenderse de «acusaciones inconcretas».