El exinterventor: «A Griñán los informes de la auditoría no le importaban nada»

En su comparecencia, la juez Mercedes Alaya preguntó al imputado sobre «por qué cree que el Gobierno no prestó oídos a su auditoría» sobre las irregularidades detectadas en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE y el exinterventor contestó que dicha auditoría fue remitida a tres miembros del Gobierno andaluz y a la dirección de IFA/IDEA, por lo que «se remitieron a estructuras con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y para decidir la adopción de las medidas oportunas».

Manuel Gómez explicó que, «andando el tiempo, ha comprendido que la razón no está en la carencia de medios o el desconocimiento», recordando en este sentido que en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre los ERE una parlamentaria preguntó a Griñán por qué no hizo caso a los informes de auditoría, poniéndole el siguiente ejemplo: «si en su coche se enciende una lucecita que le falta líquido de frenos, usted le pone líquido antes de pegarse el tortazo», a lo que el presidente de la Junta contestó que «si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema».

Asimismo, el exinterventor fue cuestionado por su abogado por distintas afirmaciones realizadas por el que fuera consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz el pasado año, unas contestaciones que a juicio del imputado «ponen de manifiesto una total displicencia, pasividad e incuria». El letrado enumeró de manera textual hasta once respuestas de Griñán en dicha comisión de investigación, a lo que el imputado contestó siempre con una frase iniciada por «la verdad es...».

Así, si Griñán dijo que «toda la ejecución del programa 31.L estuvo sujeta a auditoría», Manuel Gómez contestó que «la verdad es que solo una ínfima parte del programa 31.L estuvo sometida a auditoría o control financiero». Respecto a la aseveración del presidente de la Junta, expuesta por el abogado del encausado, de que «la Intervención nunca solicitó que se elevara el asunto a la consideración del Consejo de Gobierno», el ex interventor dijo que «la verdad es que no hay ningún supuesto en el ordenamiento jurídico de la Junta que la Intervención eleve ningún informe al Consejo de Gobierno».