El exinterventor implica a todo el Consejo de Gobierno de 2003

Durante su declaración, que ahora ha sido interrumpida para comer, Gómez ha asegurado que hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno en el año 2003 en el que pidieron a la Intervención que analizara los expedientes de las transferencias de financiación para que observaran lo que estaba pasando, lo que supone que Chaves y su Gobierno tenían conocimiento de algo anómalo en las transferencias de financiación, el sistema empleado para dar las ayudas.

En cuanto a Griñán, Gómez ha asegurado ante la juez que era «abolutamente impensable»  que el consejero de Hacienda no tuviera conocimiento de lo que estaba pasando» ya que se detectó un desfase presupuestario de 93 millones de euros en el año 2005 referente a los años 2003 y 2004.

De hecho, el exinterventor ha calificado lo que ocurrió durante diez años con los pagos de las ayudas a través del método de las transferencias de financiación como «una patología presupuestaria» . En este sentido, fuentes judiciales han explicado que el exinterventor ha dicho que si se encontraba un déficit, por ejemplo, en la Consejería de Salud, era normal porque ese déficit existía en toda la Consejería mientras que, en el caso de Empleo era muy concreto porque ese déficit sólo existía en la Dirección General de Trabajo .

Gómez también ha reconocido ante la juez Alaya que durante el pasado año se reunió con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para manifestarle «su más enérgica protesta» porque le estuvieran imputando a él desde el Gobierno. 

La declaración de Manuel Gómez se prolongará todo el día. En la sesión de mañana ha ratificado tanto lo que dijo a la Guardia Civil como la carta que escribió al presidente del Parlamento en una carta titulada «Divinas palabras» en noviembre pasado. En esa misiva Gómez acusaba a Griñan de cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE y también que el nido de corrupción se hubiera desmontando en veinticuatro horas con una orden verbal. De hecho la juez le ha preguntado por esa frase concreta en la que aseguró que Griñán cebó la partida de los ERE. A lo que Gómez ha contestado afirmativamente.

Otro punto álgido de la declaración, que ha provocado un debate de derecho administrativo entre la juez y el exinterventor, ha llegado cuando la juez ha dado por hecho que Griñán conocía la existencia de los informes que avisaban de que el procedimiento era inadecuado. «Sabemos que el consejero de Hacienda conocía los informes que ustede emitía» , ha dicho Alaya antes de formular una pregunta. El interrogatorio sigue.