fraude de los ere
La Cámara de Cuentas ignoró las dudas penales que mostraron sus técnicos
Eliminó del informe final conclusiones que cuestionaban, entre otras, el abuso en la discrecionaliadad para dar las ayudas
J. MORILLO
La polémica mutilación del informe de la Cámara de Cuentas sobre los ERE para evitar las conclusiones más comprometedoras para el Gobierno andaluz no se detuvieron en el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. También se eliminaron durante la elaboración del documento, que analizaba ... la concesión de ayudas de los ERE desde 2001 a 2010, las referencias a posibles «responsabilidades penales» en las que podría haber incurrido la Junta de Andalucía, según habían detectado los auditores del órgano fiscalizador, en lo que se refiere a la inclusión de intrusos, el abuso del «margen de discrecionalidad» para conceder las subvenciones excepcionales y «la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas».
También se eliminó que la referencia a un «un uso en fraude de ley» de la transferencia de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas de Empleo, lo que supone una impugnación del procedimiento creado para la concesión de ayudas y que la Junta ha defendido repetidamente como legal.
Esas posibles «responsabilidades penales» estaban ya recogidas en el primer borrador que se envió para la revisión de los consejeros en mayo de 2012, pero fueron suprimidas ya en el anteproyecto, según consta en la documentación, a la que tuvo acceso ABC, enviada por la Cámara a la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, e incorporada al sumario.
Entre las modificaciones que sufrió el trabajo de los auditores se encuentran también las referencias a las «responsabilidades penales» recogidas en el primer borrador que enviaron a los consejeros y que no pasaron al anteproyecto, paso previo del informe final que deben aprobar los consejeros de la Cámara de Cuentas, órgano que preside Antonio López. En el informe final, las conclusiones solo hablan de «responsabilidades contables y administrativas», pero se evita cualquier referencia a las penales.
La Cámara de Cuentas ignoró las dudas penales que mostraron sus técnicos
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