Alaya destaca que Empleo siguió usando el sistema ilegal de ayudas de Guerrero

En un auto dictado el pasado 6 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso presentado por el letrado del imputado y recuerda que la fianza impuesta se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «pues indiciariamente se le considera partícipe en los hechos delictivos que le fueron expuestos con detalle previamente a su declaración judicial» del pasado mes de julio de 2012.

En dicha comparecencia, la juez Alaya le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, tras todo lo cual lo dejó en libertad después de que ninguna parte pidiera su ingreso en prisión. Según la juez, «parte» de dichos hechos delictivos «fueron reconocidos» por el imputado en su declaración, punto en el que destaca que Rivera «conocía a su llegada al cargo que el procedimiento de concesión de ayudas públicas debía ajustarse a la normativa sobre subvenciones».

A ello se suma que «tuvo conocimiento a los dos meses de iniciar el desempeño de su cargo» de que «había pólizas de rentas por más de 70 millones de euros sin convenio o resolución de concesión de la subvención, y no ordenó nada al respecto».

Además, según añade la magistrada, el imputado «tuvo conocimiento al mismo tiempo del informe de Garrigues donde se ponía de manifiesto que, con la operativa seguida hasta el momento, usando las transferencias de financiación para otorgar las subvenciones, se estaba obviando un trámite preceptivo y fundamental para el control del gasto y de su destino, cual era la fiscalización previa de cada subvención por la Intervención» de la Junta.

«Pese a ello», el exalto cargo «continuó con el mismo sistema, obviando el trámite de fiscalización previa, y ello a través de la encomienda de gestión de 27 de abril de 2010, instrumento que utilizó para las subvenciones sociolaborales que concedió, ninguna de las cuales fueron sometidas al control de la Intervención», dice la juez en el auto consultado por Europa Press.

La juez asevera que el imputado incluso «reconoció que, a través de una funcionaria a su cargo, tuvo conocimiento de la opinión de la Intervención sobre la ilicitud del procedimiento, y no sólo insistió en el mismo forzando a dicha funcionaria para que elaborara la encomienda del año próximo, sino que no consideró necesario conocer dicha opinión de la Intervención personalmente, recabando de la misma información».

«No obstante lo anterior», Rivera «reconoció curiosamente» que en la Dirección General de Trabajo, «en la época en la que él estuvo al frente y se trabajaba con la encomienda de gestión, sí se concedieron otras subvenciones fuera de la partida presupuestaria 31.L, que sí se sometían al trámite de la fiscalización previa», un reconocimiento que «efectuó sin ofrecer una explicación razonable de por qué mantuvo esa distinción».

De igual modo, en su declaración «reconoció que no dio ninguna instrucción para que las subvenciones que concedían se publicaran en el BOJA, como así era legalmente preceptivo, o para que se diera cumplimiento a la normativa comunitaria, de aplicación preferente a la legislación nacional». Finalmente, según dice la juez, Rivera «admitió que en el proceso de revisión que se inició en la Dirección General de Trabajo a partir de finales de noviembre de 2010, se llegaron a detectar 200 personas que recibieron indebidamente ayudas públicas y que, por su personal convencimiento de que ello no constituía infracción criminal, no puso los hechos en conocimiento» del Juzgado, «siendo sabedor del procedimiento judicial abierto».

«Resulta obvio que, sin perder de vista el carácter cautelar y provisorio de la imputación judicial, tales extremos refuerzan la hipótesis criminal de la que se parte respecto de Rivera, pues ni la supuesta ignorancia o incompetencia alegada por él le podrían eximir de su indiciaria responsabilidad penal por permitir, al menos hasta la Orden de 1 de abril de 2011, el reparto indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».

La juez cifra la fianza en poco más de siete millones, una cuantía «que se ciñe al importe conocido de las subvenciones concedidas por él al margen de la legalidad». Además de Rivera, en la causa de los ERE están imputados varios exaltos cargos de la Administración autonómica, como son los también exdirectores general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -actualmente en prisión- y Juan Márquez; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, o el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.