Casi 10.000 andaluces sin recursos sufren cada año una demora media de 7 meses para acceder a la pensión no contributiva

Tres datos oficiales reflejan el atasco administrativo que existe en Andalucía. En primer lugar, el Imserso, en su balance oficial refleja que en la comunidad el año 2023 se cerró con 6.242 expedientes pendientes de resolver de pensiones no contributivas por jubilación y por invalidez. Esto supone el 24% de las pendientes en toda España. Y sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de las 17 comunidades autónomas.

En segundo lugar, en una respuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad al Grupo Parlamentario Socialista se reconoce que la demora media en Andalucía de estos expedientes se sitúa en 211,55 días, siete meses. Pero el indicador es peor en la provincia de Málaga, donde se roza el año de espera, y en Cádiz, donde se llega a 14 meses para conseguir acceder a esta prestación.

En tercer lugar, los datos del Ministerio recogen que en Andalucía se está produciendo una tendencia inversa al resto de territorios. Pese a que la edad media de la población es cada vez mayor y a que la renta per cápita de la comunidad autónoma está entre las más bajas de España, el número de beneficiarios de la pensión no contributiva ha descendido en Andalucía. Cada vez menos personas logran recibir esta prestación. En 2017, entre la pensión por invalidez y por jubilación había 100.646 beneficiarios en Andalucía. Siete años después hay 92.105 personas. Sin embargo, la tendencia es la inversa en las otras grandes comunidades españolas.: Cataluña ha pasado de 58.706 a 67.656; la Comunidad Valenciana ha pasado de 48.893 a 50.557 y Madrid tenía 40.619 beneficiarios y hoy tiene 42.056.

El Parlamento andaluz abordó esta semana esta realidad. Y el debate, a iniciativa del PSOE, concluyó con una propuesta aprobada por unanimidad: «Instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud , Familia e Igualdad a adoptar las medidas necesarias para agilizar los trámites de resolución de las prestaciones no contributivas y que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos».

El PP, a través del diputado Juan Antonio Márquez, argumentó su voto favorable. Según su relato, la Consejería ya tiene en marcha un proceso para revertir esta situación y confía en que a partir del cierre de 2024 dé resultado: «Se están adoptando medidas para resolver los trámites en plazos legales y la Consejería espera tener resultados a partir de finales de este año. Se están desarrollando actuaciones como la automatización de todos los procesos».

Desde el PSOE, el diputado José Luis Ruiz Espejo lamentó, este atasco existente en la tramitación y sobre todo su incidencia en una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad: «Es imprescindible agilizar el proceso de tramitación de las pensiones y ajustarse a los 90 días que es lo que dice la ley porque quienes sufren el retraso es la población más vulnerable».

Las pensiones no contributivas son una prestación que reciben los mayores de 65 años y las personas con discapacidad que tienen ingresos anuales por debajo de un límite que la ley fija en 7.250 euros. La ayuda está cuantificada en 7.250 euros al año distribuidos en pagas mensuales y, en el caso de Andalucía, se complementa además con una ayuda extraordinaria que aporta la Consejería y que este año 2024 está fijada en 178 euros.