García Ortiz: de primer fiscal general «no idóneo» al primero imputado

La reciente imputación de Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía en la que se revelaron datos de carácter reservado sobre el procedimiento fiscal abierto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, supone una afrenta más a la credibilidad de la institución, puesta en cuestión ya desde hace tiempo por la gestión de quien, hasta su aterrizaje en Madrid, era delegado de Medioambiente, Urbanismo e Incendios forestales en la Fiscalía de área de Santiago de Compostela.

Las críticas a García Ortiz, premiado previamente por Dolores Delgado con un ascenso a primera categoría (la de jefe de la Secretaría Técnica), no sólo tienen que ver con los escándalos que han trascendido a los medios, que especialmente en los últimos meses son muchos. Incluyen también el desprecio a la carrera que le achacaron seis de los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal, los mismos que le reprochaban que hiciera caso omiso a sus peticiones sobre la necesidad de tramitar el informe de la amnistía solicitado por la Cámara Alta.

Una vez Delgado le eligió para sustituirle y el Gobierno aceptó su indicación, García Ortiz nombró fiscal de Sala de la Fiscalía Togada a su antecesora, nombramiento que declaró nulo el Tribunal Supremo. Después de garantizarle el acceso al máximo puesto de la carrera, la designó fiscal de Sala de Memoria Democrática, designación también anulada por el Alto Tribunal.

En la carrera destacan el perfil «sectario» de García Ortiz y afirman que en este sentido no supone nada nuevo respecto a Delgado, pero con una diferencia: «Por lo menos a Lola se la veía venir. Álvaro, sin embargo, puede engañar a quien no le conoce y, por tanto, no sabe que bajo esa apariencia de simpatía, afabilidad y mano tendida, se esconde una persona ambiciosa, leal sólo con los suyos y sobre todo sumisa».

El Gobierno de Sánchez confió en noviembre un segundo mandato. No en vano, su gestión ha resultado decisiva. El Ministerio Público era responsable de aplicar la ley de amnistía una vez fue aprobada. Sólo el papel clave que ha jugado en estos meses el salmantino de 56 años, gallego de adopción -fue fiscal durante casi cuatro lustros en la comunidad del actual líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo-, permite entender que, pese a esa «desviación de poder» que le achacó el Supremo, Pedro Sánchez le volviera a confiar la dirección de la Fiscalía.

Señales, desde luego, lanzó cuando, estando en funciones, en plena campaña de acusaciones de 'lawfare' tardó meses en apoyar a los fiscales del 'procés' mientras, diligentemente, y con la ley aún en tramitación, reclamaba a la Fiscalía de Cataluña las causas susceptibles de beneficiarse de esta norma.

Apagado ese fuego enseguida se prendió la mecha del siguiente con la polémica del caso Tsunami, cuando, tras el repentino cambio de opinión del fiscal del caso -que pasó de ver terrorismo e indicios contra Puigdemont a no verlos en un fin de semana- y el aval prácticamente unánime de la Junta de Fiscales a la investigación por terrorismo, el asuntó acabó en manos de la número dos de García Ortiz.

Además, el fiscal general del Estado se negó a emitir un informe sobre la ley de amnistía cuando se lo pidió el Senado, como sí hizo el CGPJ. El Gobierno vehiculó la amnistía como una proposición de ley, a través del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el criterio preceptivo de los órganos consultivos del Estado. No obstante, las cámaras están en su derecho de pedirlo 'a posteriori'. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, se negó a reclamarlo, como quería el PP, pero los populares sí pidieron desde la Cámara Alta la opinión de la Fiscalía. A García-Ortiz se le sumó un nuevo frente poco después, la estocada definitiva. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, reconoció que fue «obligada» por el fiscal general del Estado a desvelar datos confidenciales de un ciudadano particular, en alusión al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que finalmente ha acabo con la Sala Segunda del Alto Tribunal decidiendo por unanimidad abrir diligencias de investigación en el marco de las cuales será llamado a declarar en presencia de un abogado para aclarar su participación en un posible delito de revelación de secretos.

Esta es última gota de un torrente de polémicas que le han salpicado desde que llegó al cargo. El fiscal general «no idóneo» al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado en cada ocasión, que sufrió su primer gran varapalo cuando el Tribunal Supremo sentenció en noviembre que cometió «desviación de poder» cuando maniobró para ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría fiscal.

Este último episodio de los correos filtrados se tradujo en una denuncia del Colegio de la Abogacía y una querella del afectado contra el fiscal del caso y la responsable de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, una de las beneficiadas, por cierto, por la política de nombramientos de Delgado que ha continuado el fiscal general y que ha consistido en premiar con jefaturas a asociados de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenecieron tanto la ex fiscal general como García Ortiz, quien llegó a ser su portavoz.

Especialmente agraciados han sido los portavoces de esta asociación, que apenas representa a 200 de los más de 2.500 miembros con los que cuenta la carrera. Fue el caso del propio García Ortiz, al que hay que sumar a Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como responsable de Menores fue anulado hasta en dos ocasiones por el Supremo, o a Teresa Peramato, actual fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. A ella Delgado adscribió a la pareja de García Ortiz, Pilar Fernández, posibilitando con ello el reencuentro del matrimonio en Madrid y ahorrando a su entonces mano derecha unos cuantos viajes a Galicia, donde acudía puntualmente todos los fines de semana.

«Álvaro le debe todo a Lola», comentaban en la Fiscalía. Por eso se entiende la vehemencia con la que defendió el ascenso a primera categoría de Delgado apenas unos meses después de que ella dejara el cargo por motivos de salud, una vehemencia sólo equiparable a la que pone en desmontar las críticas a su persona o actuaciones.

En aquel Consejo Fiscal en el que promovió a Delgado, reconoció ante los vocales que él iba a «remediar» la injusta situación que suponía volver a ser una fiscal rasa tras haber dirigido durante un tiempo el Ministerio Público. Lo hizo con estas palabras: «En el momento de la toma de posesión, alguien me preguntó: ¿Cuándo vas a hacer fiscal...? En la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. Y no me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior general del Estado, sino que me mueve un deber institucional (...)». Toda una declaración de intenciones de la arbitrariedad que le achacó el Supremo.