Fiscales piden la dimisión inmediata de García Ortíz por perder su condición de jurista de reconocido prestigio

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha calificado de «crítica y lamentable» la situación en la que se encuentra la institución al encontrarse quien la dirige «investigado en causa penal». »Sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, como el de cualquier otro ciudadano, el fiscal general no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos», señala en un comunicado.

Dexeus recuerda que los fiscales tienen una serie de «incompatibilidades específicas» así como un «código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad». Por ello, argumenta, nuestro reglamento aprobado en 2022 prevé la posibilidad de que el fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal y ello »en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución».

«¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al FGE, si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?», se pregunta la presidenta de la AF y decana de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona. «Lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del FGE y si se ha excedido en las funciones que representa. Que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible», denuncia.

En esta línea que apunta la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, el comunicado emitido por la Comisión Ejecutiva de la asociación también denuncia que «la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos, cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación». Por ello, opinan que «revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible«.

Por su parte, la APIF ha señalado con rotundidad que el fiscal general «no puede continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto».

En un comunicado, la asociación de fiscales recuerda la gravedad y lo inédito de esta imputación por cuanto García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado investigado por el Supremo. Mantener un fiscal general con la condición de investigado como posible responsable de un delito «es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho».

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La APIF considera que García Ortiz debe dimitir «al haber perdido la condición de jurista de reconocido prestigio». En su razonamiento, la organización profesional ha recordado que esa es una condición que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que ahora ha perdido tras su imputación. «A partir de ahora, tras conferirle el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público».

Incide, además, en que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado, algo que «no tiene ningún sentido», en opinión de la APIF. «Teniendo en cuenta esta situación parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del Fiscal General del Estado», subrayan desde la asociación.

Asociaciones de jueces como Francisco de Vitoria han reaccionado también a la imputación del fiscal general. Su portavoz nacional, Sergio Oliva ha calificado el de hoy como «un día triste para justicia de nuestro país». A su juicio, es «oportuno y necesario» hacer una reflexión sobre lo que supone tener un fiscal general del Estado investigado en nuestro país».

«Es cierto que hay miles de fiscales que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero la imagen que se traslada a la ciudadanía con un Fiscal General del Estado investigado puede ser perjudicial para aquellos que dudas de la independencia e imparcialidad de nuestros fiscales», apunta Oliva, partidario de seguir con las recomendaciones de la Unión Europea y profundizar en la necesaria independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado «como única manera de recobrar el prestigio que tenía».

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), parte personada en la causa al querellarse el pasado mes de abril contra el Ministerio Fiscal por revelación de secretos, reafirma que el auto dictado por el Alto Tribunal constata «la existencia de los indicios racionales de delito» y lamenta «la investigación de tan altos cargos de la Fiscalía, pues, inevitablemente, ello proyecta una imagen preocupante de la institución».

La Junta de Gobierno del ICAM, si bien pone el valor el trabajo de los 2.700 profesionales «excepcionalmente cualificados» que forman parte de la institución, considera la imputación del fiscal general «un hecho extraordinariamente singular, anómalo y sin precedentes», al tiempo que reafirma su intención de perseverar en el ejercicio de la acción penal como parte personada en la causa. «La determinación del ICAM es no permitir que ninguna violación de los derechos de nuestros colegiados quede impune», enfatiza el Decano de la institución, Eugenio Ribón.