Peinado investiga el hackeo de correos del novio de Ayuso con sus abogados

En un auto, al que tuvo acceso ABC, el juez sostiene que los hechos denunciados «revisten los caracteres de presunto delito» de revelación de secretos y argumenta que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».

En otra resolución a la que también tuvo acceso este diario, Peinado -asimismo instructor de la investigación abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias- ha citado a declarar al perito informático que determinó que el pasado 2 de abril el despacho de abogados que defiende al novio de la presidenta madrileña había sido «objeto de un ciberataque» que afectó únicamente a los correos intercambiados con González Amador. La comparecencia se fijó en un principio para el próximo11 de noviembre, si bien el perito pidió que se aplazara y finalmente tendrá lugar tres días después, el día 14.

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Según la denuncia, sus ordenadores fueron hackeados para hacerse con los mails entrecruzados con él, a quien defienden por un fraude de 350.000 euros a Hacienda. Y quien, en aquellas fechas, se querellaba contra la fiscal jefa de Madrid por la difusión de una nota de prensa sobre su caso. Entonces, desde la Comunidad de Madrid se llegó a señalar como responsable de la intrusión informática al Gobierno de Sánchez, al asegurar, desde fuentes del entorno de la presidenta, que este tipo de actuaciones tan sofisticadas solo están «al alcance de los Estados».

En la denuncia, presentada el pasado 5 de abril, se explica que «en el marco de su asesoramiento profesional» tanto el abogado penalista de González Amador, Carlos Neira, como su asesor fiscalista, Juan de Dios Nieto, mantienen comunicaciones desde sus cuentas de correo corporativas con su cliente «para el intercambio de información y documentación».

Sus dos cuentas de correo -se puede leer- «recibieron en la mañana del día 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal» de la pareja de la presidenta regional, «correo que fue respondido» por el asesor fiscalista.

Continúa asegurando que, horas después, «durante la tarde del día 2 de abril esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas ya el día 3 de abril a las 00 horas y 09 minutos», en el caso de la dirección de correo de Neira «y a las 00 horas y 11 minutos» en el caso de la cuenta de Nieto.

Por reparto, la denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado. El juez abrió diligencias solo unos días después de recibirla, el 16 de abril, la misma fecha en el que dio parte de la incoación al Ministerio Fiscal.

Por su parte, desde el despacho de abogados pusieron los hechos en conocimiento de un perito informático que, según recogen en la denuncia, determinó que «el ciberataque habría consistido en retirar la información (los correos electrónicos) de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas». Su citación en el juzgado se produce tras haber recibido información solicitada a Microsoft, el proveedor de servicios de las cuentas de correo electrónico hackeadas, y haber aportado un informe pericial con las conclusiones que ha alcanzado.

Para los abogados de González Amador, los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos que habrían afectado a los derechos fundamentales de su cliente a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa. De hecho, el novio de Ayuso ya ha pedido personarse en la causa «como una de las víctimas y perjudicados de las conductas delictivas» descritas en la denuncia y «desea ejercitar las acciones que le corresponden». Si bien, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, de momento Peinado no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha hecho ya el juez es tomar declaración como perjudicados tanto a Neira como a Nieto el pasado 1 de julio.

Alberto González Amador está imputado en otro juzgado por dos delitos contra el impuesto de sociedades y otro de falsedad documental por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros, en parte con la ayuda de facturas que "no se corresponden con servicios realmente prestados", de acuerdo al Ministerio Público.

Además, la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, facturó sólo en 2020 casi 2 millones de euros por intermediar para la empresa FCS en la compraventa de productos sanitarios como guantes y mascarillas, según avanzó eldiario.es y habría reconocido el propio empresario a Hacienda. La Fiscalía sostiene que lo hizo a través de una segunda empresa, de la que es socio único, y que "carece de medios para prestar esos servicios", buscando el empresario "con esa conducta un ahorro fiscal".