Albares pide 610 empleados públicos para desatascar las nacionalizaciones masivas

Esta cifra fue señalada por la Subdirección General de Asuntos Consulares ante los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT durante una reunión del pleno del Comité Único del Personal Laboral en el Exterior celebrada el miércoles y jueves de la semana pasada en Exteriores. De las citadas plazas, el ministerio de Albares pide 310 con carácter fijo para reemplazar jubilaciones, fallecimientos y renuncias, mientras que las otras 300 se las solicita a Hacienda por vía extraordinaria, como refuerzo adicional.

Según los representantes de los trabajadores, Exteriores proporcionó los datos porque se le requirieron los criterios con los que va a reforzar la red consular para «paliar la saturación de muchas oficinas tras la avalancha de solicitudes registradas al amparo de la nueva ley» de memoria. La mencionada subdirección explicó entonces el cálculo y distribución de «nuevos efectivos» hasta llegar a las 610 plazas. En este sentido, Exteriores dijo que la fijación de ese número se basó en «datos estadísticos y la experiencia de la pasada Ley de Memoria Histórica de 2007».

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Todas las aprobaciones de contrataciones dependen de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir) del departamento de Hacienda, que se reúne sólo una vez al mes. Su siguiente cita será el próximo jueves y los sindicatos urgen a la ministra María Jesús Montero a aprobar «con carácter urgente» la petición de plazas de Exteriores.

La improvisación y las prisas del Gobierno por nacionalizar -y conceder el derecho a votar en las elecciones autonómicas y generales- a todos los hijos, nietos y bisnietos de españoles ha llevado al colapso a muchos consulados de nuestro país en Latinoamérica.

Por un lado, el Ejecutivo decretó la entrada en vigor del proceso de manera inmediata a la publicación de la nueva ley, sin dar tiempo a que los consulados contrataran más personal, se informaran sobre el contenido de la nueva ley y despejaran las múltiples dudas que plantea. Por otro, una vez publicada la ley, el Ministerio de Justicia la reformó por la puerta de atrás para ampliar los supuestos de nacionalización española mediante una instrucción de cuestionada legalidad.

En el anterior proceso nacionalizador -la Ley de Memoria Histórica-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó un año a preparar a los consulados y registros civiles para evitar el previsible colapso. Y ello pese a que aquel proceso estaba dirigido a un menor número de extranjeros que el lanzado ahora por Pedro Sánchez.

«Los consulados se enfrentan al trabajo diario con recursos humanos y materiales absolutamente insuficientes, con una carencia estructural y generalizada en toda la red consular», denuncian CSIF, CC.OO. y UGT en un comunicado conjunto. «Esta grave situación ha empeorado aún más tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, siendo las oficinas consulares las más perjudicadas y necesitadas de soluciones estructurales inmediatas», señalan.

Indiferente a la complicada situación que viven los consulados españoles, la jefa de campaña del PSOE en el exterior y secretaria de Estado de Cooperación, Pilar Cancela, viajó hace dos semanas a Caracas (Venezuela) para impulsar aún más las peticiones de nacionalidad española. Como informó ABC el pasado domingo, la política socialista centró un acto organizado en el Teatro Rosalía de Castro para el que la fundación organizadora, dirigida por el secretario general del PSOE en Venezuela, puso autobuses gratis desde media docena de estados del país.

Pese a la situación creada, los representantes de los trabajadores se quejan de que María Jesús Montero se está poniendo de perfil, dejando el problema al personal consular. «Hacienda es el responsable último de la mayoría de las materias que afectan a nuestro colectivo, retribuciones, plantillas, financiación, promoción interna... y no participó de manera presencial en la reunión», denuncian sobre la cita de la semana pasada en Exteriores. «No sólo eso, sino que los graves problemas de conexión con su representante impidieron de hecho la interlocución con dicho ministerio», añaden.

Tal es el caso omiso que, según los sindicatos, Hacienda está haciendo que la comisión permanente del Comité del Personal Laboral en el Exterior haya solicitado formalmente que «en las próximas reuniones se garantice la presencia física de los representantes» de este ministerio. Además, piden más apoyo a Exteriores. «Hicimos hincapié sobre la necesidad de un estudio pormenorizado del impacto de la nueva ley de memoria en las plantillas de cada oficina consular, con la finalidad de ilustrar concretamente las necesidades ante el Ministerio de Hacienda», añaden.

A todo ello se une el cierto «caos» salarial que vienen provocando las últimas contrataciones temporales que está realizando Exteriores con salarios «muy superiores a los de empleados públicos de la misma categoría ya en plantilla», según los sindicatos. «Genera un profundo malestar y pone de relieve la falta de una política salarial justa, coherente y razonada para el personal laboral en el exterior», apuntan en su comunicado conjunto CSIF, Comisiones Obreras y UGT.

Esta situación se produce porque el personal laboral exterior carece de convenio colectivo y cada consulado tiene su propio catálogo salarial. De esta manera, se dan convocatorias de plazas de auxiliares temporales en ciudades pequeñas con salarios superiores a los de fijos de la misma categoría en grandes capitales. «Es totalmente incoherente», cargan.