Pedro Sánchez dará carrete a Torra hasta que se pronuncie el Supremo

Tanto él como su socio atisban en este flanco los mayores réditos que la coalición puede lograr para ambos. Porque tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez saben que el resto de la acción del Gobierno tendrá un tránsito mucho más espinoso. Ayer, el presidente lanzó un mensaje clave a sus socios: el Gobierno será «plural» y se nutrirá de «varias voces pero una misma palabra» y va a actuar «en una misma dirección» .

Por mucho que Sánchez quiera darle un barniz económico a la legislatura, es consciente de que la cuestión catalana lo contamina todo. Y ahí el discurso con su socio no es homogéneo. Para empezar porque necesitará el voto de ERC para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Sin ellos, el resto de su agenda de Gobierno quedaría irremediablemente lastrada por mucho que vuelva a recurrir a los reales decretos. Condicionada y sin horizonte quedaría la legislatura. Mientras que con sacar unos Presupuestos Sánchez e Iglesias podrán respirar.

El presidente se ha despojado de presión tras superar la investidura. Y ha recuperado control sobre el calendario político. Que se le había escapado tras el 10 de noviembre al quedar a merced de la decisión de ERC sobre el cuándo y el cómo de su investidura. Pero no será verdaderamente libre hasta que haya aprobado un Presupuesto. Hasta entonces todavía es tiempo del Sánchez condescendiente con los independentistas, decidido a empeñarse en la resolución del «conflicto político» y dispuesto a mantener sus compromisos alcanzados en el pacto PSOE y ERC .

Y entre ellos está la reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra . Será en los próximos días, aunque el lugar y la fecha no están todavía definidas. Se trata de un encuentro que ERC y Torra demandaron como paso previo a la celebración de la constitución de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional de Cataluña. Ayer, Sánchez, en conversación informal con la prensa dio por hecho que se celebraría, aunque evitó comprometerse más allá. El escenario judicial que acecha a Quim Torra no es ajeno a La Moncloa. Pero la tesis es la de respetar la condición de presidente de la Generalitat de Cataluña .

Hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo jurídico de la condena de inhabilitación por desobediencia dictada ya por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El presidente da por hecho que esa cuestión todavía tardará en concretarse. «Estado de Derecho. Lo que diga la Justicia», resolvió ayer en la conversación que mantuvo con la prensa cuando se le preguntó por el futuro de Torra. Sánchez, que se pasó semanas sin querer hablar con él, se ha visto obligado a retomar el contacto institucional. Y hasta que no haya decisión del TS no dejará de considerarlo como su interlocutor.

En lo que se refiere a la presidencia, el Gobierno entiende que ha quedado claro que no le afecta a su condición de presidente, según lo que estableció la propia Junta Electoral Central. Aunque si el Parlamento de Cataluña realiza una votación en la que se contabilice el voto de Torra como diputado el Gobierno tendrá que valorar si interviene o no jurídicamente, ya que se trataría de una votación sin validez. Y se trataría de un ejercicio de desobediencia por parte del presidente del parlamento catalán.

Lo que está claro es que esa reunión, como ya manifestó el Gobierno y ayer dejó claro Sánchez, discurrirá en paralelo pero al margen de una ronda con el resto de presidentes autonómicos. El presidente va a afrontar esta cuestión, que marcará si la legislatura es larga o no, con incertidumbres en el calendario pero dispuesto a empeñarse personalmente. Sánchez reconoce que serán él y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quienes piloten la relación con Cataluña. Su nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darias, tendrá papel en algún momento. Pero su función estará más orientada a centrarse en el diálogo ordinario con las regiones. Mientras, dentro del Ejecutivo Sánchez recurrirá para esta crisis al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo . Y ayer no ocultó a los periodistas que las funciones de Salvador Illa excederán sus competencias como ministro de Sanidad: «Es mucho más. Tiene peso político específico».