Sánchez sitúa a Juan Carlos Campo en Justicia y eleva el peso del PSOE en el Gobierno con sus últimos nombramientos

El cambio de mayor calado se reservó para el final. Juan Carlos Campo Moreno será el próximo ministro de Justicia. Su perfil compagina el perfil jurídico pero también el político. Actualmente es diputado por la circunscripción de Cádiz en el Congreso de los Diputados. Lo era desde 2016, aunque hasta ahora en términos políticos se situaba en un segundo plano. Fue secretario de Estado de Justicia durante casi tres años en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con anterioridad había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 a propuesta del PSOE. Su alineación por tanto con el partido es incuestionable, aunque se le enmarca en un perfil moderado.

Por la mañana se conocieron los nombramientos de Carolina Darias será la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública. Mientras que José Manuel Rodríguez Uribes será el próximo ministro de Cultura y Deportes. Con esos tres nombramientos, Sánchez sube la cuota del partido después de haber nombrado ayer a dos ministros, González Laya en Exteriores, y Escrivá Belmonte en Seguridad Social, sin vinculación orgánica. No obstante, tanto los de uno y otro perfil, en esta ocasión no se caracterizan por ser perfiles de gran corte mediático al contrario de lo que sucedió en junio de 2018. Ministros con perfil técnico y profesional que contrastarán enormemente con la falta de experiencia de Podemos.

Cerrada ya la composición del Ejecutivo, se confirma el intento de Sánchez por corregir el rumbo y mitigar los temores respecto a la entrada de Podemos en el Gobierno. Serán los ministros del PSOE los que asuman las principales áreas del Ejecutivo, con Podemos en áreas en las que tendrán poca autonomía competencial.

Entre las carteras consideradas de Estado la única que ha sufrido un relevo es la de Justicia. La salida de Dolores Delgado deja paso a Juan Carlos Campo. En las últimos tiempos había sido portavoz de Justicia del PSOE en las recientes legislaturas, aunque políticamente pasó un tiempo entre las sombras por haberse situado del lado de Susana Díaz en las primarias de 2017. Pero su especialización y trayectoria le permitieron seguir adelante. Campo Moreno es la pareja de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.

Campo asume el ministerio de Justicia en un momento delicado. Tras la sentencia del procès y con el Gobierno asumiendo el discurso de la «desjudicialización» del «conflicto político». Él tendrá que poner voz a la posición del Ejecutivo cuando tome la decisión de recurrir (o no) sucesos relacionadas con Cataluña. Algo que puede ser inminente si el Parlamento de Cataluña realiza una votación en la que se de validez al voto de Quim Torra como diputado autonómico. De él dependerá los movimientos que tenga que hacer la Abogacía General del Estado relacionados con Cataluña. Esta tarea marcará su mandato.

Dentro de la judicatura se le tiene evidentemente por una figura progresista, pero de perfil moderado. Se le considera un hombre dialogante. Una cualidad que será fundamental para afrontar otro de sus retos en esta nueva legislatura. Tanto la renovación del tercio del Tribunal Constitucional como los nombramientos del nuevo Consejo General del Poder Judicial son cuestiones sujetas a grandes mayorías parlamentarias. Por lo que tendrá que contar para ellas con el Partido Popular. Esta es una de las cuestiones que desaconsejaban la continuidad de Dolores Delgado. Por su trayectoria anterior en el Gobierno es conocedor de las necesidades de la Justicia y la moderada Asociación Profesional de la Magistratura le recibirá mejor que a su antecesora. Una de sus primeras decisiones vendrá con el seguro relevo en la Fiscalía General del Estado, donde María José Segarra , que fue una apuesta de Delgado, no continuará en el puesto.

Durante su época como vocal en el CGPJ fue, junto con Fernando Salinas, uno de los negociadores del sector progresista. Bajo su responsabilidad tendrá que afrontar dos cuestiones de las que el PSOE ha hecho bandera y que no podrá eludir, menos teniendo a Podemos en el Gobierno. La supresión de la prisión permanente revisable y la reforma del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal que limita los plazos de instrucción.

Su perfil más favorable que el de otras alternativas para poder llegar a acuerdos se pondrá a prueba. Y tendrá que mejorar para ello el recuerdo más reciente que de él tiene la derecha política. En 2018 Campo Moreno se subió a la tribuna del Congreso a defender la compleja posición del PSOE en torno a la supresión o no de la prisión permanente revisable. Favorables a la eliminación de esta tipificación pero partidario de esperar a que se pronunciase el Tribunal Constitucional. Así lo habían acordado PP y PSOE. Pero dos enmiendas contra su derogación presentadas por PP y Ciudadanos a una proposición del PNV forzaron un debate en el que el PSOE tuvo que elegir. Y optó por votar a favor de proseguir el camino legislativo con la derogación. «Sin prisión permanente hemos vencido a ETA, con prisión permanente ha muerto Gabriel. No está ahí el tema», dijo Campo aquel día, acusando a la derecha de forzar ese debate. Campo se quejó del «sabor a ira, a rabia, a sed de venganza» que tenía la sesión por la muerte del pequeño Gabriel.