Pedro Sánchez arma una mayoría débil dependiente de un volantazo de ERC

Con ellos y la decisión de EH Bildu de sumarse a la abstención de ERC la investidura estaba garantizada. Pero todo se torció. La decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar la inhabilitación sobre el presidente de la Generalitat, Quim Torra , que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia cambió los ánimos y las perspectivas de la sesión que arranca hoy. Al conocerse también la decisión contraria a la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado se añadió otro elemento de dudas sobre los números con los que cuenta Sánchez.

La investidura del presidente en funciones depende ahora de lo que decida la Ejecutiva de ERC mañana , y de cómo la formación que tutela Pere Aragonès surfea la celebración del pleno que Torra demandó ayer convocar al presidente del parlamento de Cataluña, Roger Torrent, para reafirmarse en el cargo. En las filas socialistas confiaban en que la cuestión no alterase la investidura, pero las dudas arreciaron al conocer la decisión de ERC de convocar a su dirección para valorar posibles consecuencias.

El Gobierno no emitió señales en toda la tarde. La respuesta de los socialistas llegó por boca de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que en una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados optó por el cuestionamiento de una institución del Estado como la Junta Electoral Central. La número dos del PSOE cargó contra las decisiones de la JEC sobre Quim Torra y Oriol Junqueras al vincularlas con una operación de la ultraderecha: «Empieza a ser preocupante la actitud de la derecha y la ultraderecha, que están empeñadas en boicotear la investidura de Pedro Sánchez» . Además justificó que «la Junta Electoral no es un tribunal» e instó al Tribunal Supremo a que tome una decisión al respecto, anticipándose a la presentación de un recurso por parte de Torra: «Lo que esperamos es que el máximo órgano, el Tribunal Supremo, responda cuanto antes a esta cuestión».

Lastra señaló que en el PSOE se tienen «serias dudas» de que la Junta Electoral Central sea competente para acordar la inhabilitación. La descalificación de la decisión de la JEC pudo constatarse igualmente en otros representantes del PSOE a través de la redes sociales. Las palabras o los silencios de Sánchez en torno a esta cuestión van a ser claves para la gestión que ERC pueda hacer dentro del independentismo para mantener o no la decisión de facilitar la investidura de Sánchez. Antes de que se precipitasen los acontecimientos el equipo del presidente trasladó que en su intervención haría hincapié en el diálogo territorial. Haciendo énfasis en «el entendimiento de una España unida y diversa comprometida con una Europa fundada en los derechos humanos».

El PSC, que hoy afrontará una prueba vital para sus expectativas futuras en el parlamento de Cataluña, calcó la postura que emanó de Ferraz: «Tenemos serias dudas de que sea competente para adoptar estos acuerdos. No es un tribunal, es un órgano administrativo y esperamos que el Tribunal Supremo responda a esta cuestión lo antes posible».

Las «dudas» de los socialistas respecto a la decisión de la JEC olvidan que la modificación legal que otorga esta competencia al órgano nace de una reforma vigente desde el año 2011 que apoyaron el PSOE y el PP. Con ello el artículo 6.2 b) de la norma estipula que son inelegibles «los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». Queda muy claro que esta decisión puede adoptarse aunque la sentencia no sea firme. En este caso, además, Torra reconoció los hechos que se le imputaban ante el tribunal que lo condenó.

A última hora de ayer se mantenía, no obstante, la impresión de que la investidura mantenía sus opciones de seguir adelante, aunque una figura destacada del Gobierno admitía que «todo se ha tensionado» y asumía «movimientos y declaraciones duras» en ERC. Tranquilizó el mensaje que publicó en la noche de ayer el antiguo portavoz de ERC, Joan Tardá: «No conseguirán reventar la investidura». En su intervención sin preguntas de la prensa Lastra ya avanzó ese mensaje optimista: «La democracia se va a abrir paso, mañana [por hoy] empieza un nuevo ciclo en este país».

Aunque la investidura salga adelante la legislatura empezaría muy tocada. Ayer quedó claro que el acuerdo con ERC es solo de investidura, y no «un pacto de gobierno». Al contrario que lo que sucede con los pactos suscritos con otros partidos, donde se realizan concesiones concretas y tangibles, en el caso de ERC carece de esas variables. Solo se habla de la mesa de diálogo. En este pacto todo es más opaco. Menos tangible y más ambiguo. Por no haber no hubo ni firma solemne de acuerdo como se hizo con el resto de grupos.

En el PSOE aseguran que la voluntad de limitar el acuerdo a esta cuestión corresponde a ERC. Aunque ayer José Luis Ábalos advirtió que «todo tendrá que tener un encaje presupuestario porque si no el proceso de diálogo quedaría debilitado». Esa será la siguiente pantalla. Y no es halagüeña para los intereses de Sánchez. Con Cataluña en un previsible escenario electoral en el próximo trimestre será más difícil para Sánchez contar con los votos de ERC de cara a aprobar los PGE. La fragilidad de la mayoría que sustentará al nuevo Ejecutivo se refleja en que nace con esa incertidumbre inmediata de si podrá tener un presupuesto propio . Pero Pedro Sánchez se ha lanzado a esta carrera por revalidar la presidencia, construyendo la coalición que dijo que nunca formaría, desde la garantía de que una vez en el cargo no tiene una mayoría en contra en el Congreso de los Diputados. La moción de censura en España es constructiva, y no hay posibilidad de una alianza política en un candidato alternativo. Además, no lograr aprobar unos Presupuestos no es causa de caída automática de un Ejecutivo. Ni existe norma alguna que determine cuántos años pueden estar prorrogados unos Presupuestos. Además, superando la investidura, sin sacar las cuentas, y aunque Sánchez quisiera convocar ya elecciones, no podría hacerlo. Según el artículo 115 de la Constitución, salvo en el caso de una legislatura fallida, tras una investidura «no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior». Y esto significa que si la legislatura arranca, las Cortes no pueden volver a disolverse hasta el 24 de septiembre. Es decir, si supera la investidura Sánchez gana tiempos y las elecciones solo se celebrarían cuando él lo determinase. Y nunca antes de otoño.

La dirección del PSOE se reunió ayer y aprobó sin ningún atisbo de crítica todos los acuerdos suscritos por el partido para sortear la investidura. José Luis Ábalos compareció al término y defendió que la consulta pactada con ERC «no es un referéndum de autodeterminación». Dejó claro que se haría desde el respeto al «ordenamiento jurídico, el vigente en el momento en que se produzca ese hecho». Lo que no elude modificaciones legales para llegar a ese punto. Algo que Ábalos dejó claro al defender que «el marco jurídico no es un corsé. En la política no nos pueden poner un corsé, la derecha es muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico. Las realidades políticas se van construyendo a partir del parlamentarismo donde hacen falta mayorías. Cuando uno habla del marco jurídico es obviamente en el momento en que se produce ese hecho».