PSOE y Podemos aceleran para limitar los poderes del CGPJ pero dan margen al PP para la renovación

Sin embargo, dan margen al Partido Popular con la rebaja de las mayorías para renovar a los vocales del CGPJ que fue fuertemente rechazada por la oposición, asociaciones, especialistas y Europa.

Esta última proposición se centra exclusivamente en el apartado de recortar las competencias del CGPJ estando en funciones, limitando por ejemplo su capacidad para hacer nombramientos .

En términos políticos se asegura que se pretende conceder un margen al PP para acordar la renovación sin perpetrar la reforma para rebajar las mayorías. Eso sí, desde el Gobierno advierten de que «el tiempo pasa y no puede ser infinito».

Fuentes del Gobierno explican que esta nueva proposición se cocinó ayer a partir de dos conversaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo , con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Calvo posteriormente conversó con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , para acordar este planteamiento y que los grupos parlamentarios la presentasen hoy.

Desde el Gobierno se sigue insistiendo en que el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ existe y que «el ministro de Justicia no miente». Acusan a la formación de Pablo Casado de «frivolidad» y aseguran que en privado el acuerdo está cerrado pero que en público lo rechazan.

«Es un paso muy importante» , explican fuentes parlamentarias del Grupo Confederal. «En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial —critican las fuentes mencionadas—. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado».

Desde Podemos recuerdan que el Congreso y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Por lo que defienden que con esta ley se acabaría con la «anomalía» en el CGPJ : «Creemos que es un paso en la buena dirección».

Por otro lado, esta nueva PL no aborda la rebaja de las mayorías necesarias para renovar el órgano , como constaba en la PL original y que actúa como mecanismo de presión al PP y ha sido objeto de controversia en Europa.

PSOE y UP registraron en octubre una proposición para rebajar de mayoría cualificada (tres quintos, 210 diputados) a mayoría absoluta (176) para elegir a doce de los veinte vocales del CGPJ. Pero la reforma se paralizó a petición del presidente del Gobierno para intentar atraer al PP al diálogo.

Este nuevo proyecto estará en condiciones de estar aprobado antes de final de año. Pero a la vez constata las dudas de la parte socialista del Gobierno con una reforma que permitía excluir al primer partido de la oposición. Esta proposición da margen a PP y PSOE para alcanzar un acuerdo en la renovación del órgano mientras limita los poderes de Carlos Lesmes en tanto que no se consiga.

La iniciativa de PSOE y UP señala que « esta laguna jurídica constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido». Y añade que «la existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano».

En las últimos días, el vicepresidente segundo y líder de UP había advertido al PP de que si seguía «bloqueando» la renovación del Poder Judicial «no habría más remedio que cambiar la ley». El PP se niega a negociar: exige que Podemos esté fuera del diálogo y no participe en la renovación de los vocales.

Podemos defiende la rebaja de la mayoría absoluta y plantea que ERC y Bildu, la mayoría de la investidura, participe en el reparto del órgano. Lo que apartaría un pacto PSOE y PP ya que no sería necesario y evitaría la alianza con otras formaciones que no consideran «progresistas».

En lo que respecta a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición , con las presiones de Podemos de fondo, desde el Gobierno se asegura que la reforma la realiza el ministerio de Justicia y que todavía no está terminada.

Tanto en este tema como en el relativo a los indultos en el Gobierno conceden que «el ritmo electoral existe» pero advierten de que «tiene que desaparecer como criterio», en referencia a las presiones de Podemos y los independentistas para que los presos estén en la calle antes de las elecciones catalanas.