El nuevo jefe de Anticorrupción se opuso al criterio de los fiscales e intentó devaluar el caso Canal

Las investigaciones sobre este asunto, sobre todo en su último tramo, han sido más tensas de lo que ya cabría esperar por la naturaleza del mismo (afectar al expresidente de Madrid). Hasta la llegada de Manuel Moix a Anticorrupción la sintonía entre los dos fiscales y sus jefes, Antonio Salinas hasta su jubilación y la teniente fiscal Belén Suárez posteriormente, era total. El clima cambió con el nuevo responsable, que no veía con la misma claridad que sus predecesores la contundencia de las pruebas y comenzó a poner pegas a las detenciones que se iban a proponer.

La situación llegó a un punto en que la única salida que les quedó a los dos fiscales fue acogerse al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal que reza: «El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola».

Así ocurró el martes, veinticuatro horas antes de comenzar la operación, y la opinión del resto de fiscales Anticorrupción fue prácticamente unánime: todos respaldaron el criterio de sus compañeros en contra del de Moix salvo uno, que se abstuvo, y otro que estuvo de acuerdo con el máximo responsable de la Fiscalía contra la Corrupción. Ante la situación creada, este optó por cambiar de postura y autorizó las actuaciones propuestas por sus subordinados.

De esta forma, se salvó el último escollo de la operación Lezo que ya se había visto amenazada hace un mes y medio cuando el juez Eloy Velasco, que la dirige y ha apoyado en todo momento el trabajo de la Fiscalía y la UCO, estuvo a punto de dejar el Juzgado Central número 6. Velasco era el candidato del Ministerio de Justicia para liderar un programa llamado PAaCTO encaminado a luchar contra el crimen organizado transnacional y en el que participan varios países de la UE y la Comunidad de Estados de Latinoamérica. El juez, que fue director general de Justicia en la Comunidad Valenciana con Zaplana y Camps, comunicó a los investigadores su interés en encabezar ese proyecto y alejarse un tiempo del foco mediático en el que se ha colocado. Finalmente, ese relevo no prosperó y Lezo siguió su camino.