La trama corrupta liderada por Ignacio González obtuvo unos beneficios de 25 millones de euros

Ignacio González fue detenido en su domicilio de Aravaca y tras asistir al registro de su chalé y de su despacho profesional fue llevado anoche a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde permanecerá hasta que sea puesto a disposición judicial. También fue arrestado su hombre de confianza en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, que presidió Innasa, filial del Canal en esa zona, entre 2006 y 2016. Ese cargo lo compatibilizó con el de consejero delegado de la editora del diario «La Razón», cuyo presidente, Mauricio Casals, y director, Francisco Marhuenda, están investigados en esta causa. Ese rotativo fue uno de los principales beneficiarios de la publicidad de la empresa pública y en él colabora Ignacio González.

Los miembros de la trama están acusados de organización criminal , administración desleal, blanqueo de capitales y malversación, prevaricación, cohecho, fraude y corrupción en los negocios. Es decir, prácticamente todo el abanico delictivo propio de actividades corruptas y a los que en su caso, según avance la investigación, pueden añadirse otros como el delito fiscal.

Entre los siete detenidos -inicialmente se habló de doce por parte de la Audiencia Nacional- también está Pablo González, hermano de Ignacio y directivo de la empresa pública Mercasa, participada al 51 por ciento por la SEPI. Este arrestado estaría implicado en irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras del campo de golf del Canal, en el distrito de Chamberí, y además podría haber colaborado con su familiar en las operaciones de blanqueo y ejercido asimismo como testaferro.

También están arrestados María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal y casada con un amigo de la infancia del expresidente, y José Juan Caballero, cuñado de González y persona de su entera confianza. Además, la mujer del expresidente madrileño, Lourdes Cavero, es una de las investigadas. De hecho, los agentes de la UCO registraron su empresa, «Subastas Segre» relacionada con obras de arte y coleccionismo.

A las nueve de la noche, más de doce horas después de arrancar la operación Lezo, los agentes ya habían trasladado a los calabozos de Tres Cantos a cuatro de los detenidos. Según fuentes de la investigación, se ha intervenido una cantidad ingente de documentos (se llevaron ordenadores, discos duros y memorias en los distintos registros) que «era lo que buscábamos».

La pieza separada que dio origen a la operación de ayer tiene en el punto de mira la gestión del Canal de Isabel II, la empresa pública por excelencia de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por ABC, la investigación salpica a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional, en concreto a su última época, cuando autorizó la compra de Innasa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica en la que González colocó a Edmundo Rodríguez Sobrino en 2006.

La sociedad se adquirió en 2001 por más de 83 millones de euros (la operación completa acabaría costando casi 100 a los madrileños), diez veces más del precio pagado un año antes por otros compradores. Anticorrupción sigue la pista de la sobrevaloración no solo de esta sociedad, sino también de otras adquiridas por el holding del Canal en Iberoamérica posteriormente, y del supuesto desvío de 25 millones de euros que acabaron depositados en una cuenta de un banco suizo. En total, el quebranto patrimonial sería de unos 60 millones, según las fuentes consultadas por ABC si se tienen en cuenta las pérdidas.

Las investigaciones derivadas de Púnica ya habían avanzado por este camino, pero recibieron un nuevo impulso a mediados del pasado año cuando la presidenta Cristina Cifuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la gestión del Canal de Isabel II, en concreto por la compra que la empresa pública hizo en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia. El Ejecutivo de Ignacio González pagó 21, 4 millones por esta sociedad que un año después valía cuatro veces menos. No solo eso, sino que, según esa denuncia inicial, parte de los pagos se hicieron a través de una cuenta en una sucursal suiza de un banco canadiense. Los beneficios obtenidos se blanquearon a través de complejas operaciones financieras en el extranjero en las que colaborarían familiares del expresidente regional, entre otras personas.

La Fiscalía General envió todos los datos aportados por Cifuentes a la Fiscalía provincial de Madrid, pero la causa fue asumida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que ya tenía la vista puesta en la gestión del Canal en la investigación de Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Con esos datos, Velasco abrió una pieza secreta cuyas consecuencias son, a día de hoy, imprevisibles.

Las operaciones del Canal de Isabel II en Suramérica -en especial la compra de sociedades, no la gestión diaria- tenían que ser aprobadas por el consejo de Gobierno , en el caso que nos ocupa presidido por Esperanza Aguirre, que previsiblemente será llamada a declarar.

Según fuentes consultadas por ABC, en esas relaciones tejidas en torno al todopoderoso Canal de Isabel II aparecen otros exaltos cargos del PP (no solo de Madrid). Algunos de ellos ya habrían sido imputados pero sus nombres no han trascendido debido al carácter secreto de las actuaciones.

Cifuentes recurrió a la Fiscalía General después de destituir al presidente de Inassa, el abogado Edmundo Rodríguez Sobrino, que había aparecido en los «papeles de Panamá» vinculado a tres empresas con sede en Hong Kong (entonces catalogado aún por España como paraíso fiscal). Con esa destitución y con la presentación de la denuncia, la presidenta evidenció que quería poner distancia con los Gobiernos anteriores y las investigaciones judiciales en marcha.

Aunque de momento todo parece indicar que los beneficiarios de la trama eran particulares, se ha abierto también una línea de investigación para aclarar si también ha podido beneficiarse el PP de Madrid, del que González era secretario general y responsable del comité de campaña. El mecanismo en este caso sería el ya clásico del cobro de comisiones a cambio de concesiones de obra.