El juez envía a juicio las dos primeras piezas del caso Lezo y sienta en el banquillo a Ignacio González

En el caso de Emissao, se trata de la compra de esta empresa brasileña por cuenta del Canal en una transacción en la que habrían mediado comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción solicita por aquello ocho años de prisión y 19 de inhabilitación para Ignacio González, acusado de fraude a la Administración y malversación por esta operación que supuso una salida ilícita de fondos públicos estimada entre 6,8 y 9,7 millones de euros, el sobreprecio abonado .

Asimismo, se abre juicio para el que fuera mano derecha de González y presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, que afronta siete años de prisión; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond, para quien la Fiscalía pide cinco años por malversación.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo el ex gerente de Inassa Diego García Arias; el exdelegado del Gobierno en Ceuta vinculado a la empresa Essentium Luis Vicente Moro Díaz; el exdirector de una de las filiales del Canal Ramón Navarro Pereira y el propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, para el que Fiscalía pide 6 años y seis meses de cárcel.

Entre todos, afrontan una responsabilidad para con el Canal de Isabel II que Fiscalía cifra en dos millones de euros y que se ha minorado porque tanto Rodríguez Sobrino como García Arias, Navarro y Cristovam han consignado distintas cantidades en el juzgado entre diciembre de 2017 y octubre de 2018.

Según el relato de los hechos que se les imputan, la compra de Emissao respondió a «un plan ideado» por Ignacio González y Edmundo Rodríguez desplegado junto al resto de acusados por el que se acometió la adquisición de Emissao con un sobreprecio pactado con Cristovam que les reportó 5,4 millones de dólares en comisiones ilegales.

El negocio fue posible, según sostiene Anticorrupción, porque Richmond, en tanto que directora del Canal, «conocía todas las circunstancias» y las «ocultó deliberadamente» al resto del Consejo de Administración para que respaldasen la operación. Ninguno de esos consejeros se sentará en el banquillo.

Por otro lado, García Castellón ha acordado asimismo enviar a juicio la primera pieza separada del caso Lezo, el origen de esta macrocausa y que empezó con la investigación de la compra de la colombiana Inassa en el año 2001 por cuenta del Canal de Isabel II. En este caso, se sentarán en el banquillo 22 personas entre las que figuran los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo y Juan Bravo, para quienes Anticorrupción pide 7 años de cárcel por delitos de malversación en concurso con un delito de prevaricación, informa Ep.

A los dos exconsejeros se les imputa un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación, al igual que a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes Fiscalía reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el «sobreprecio pagado por la adquisición» de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, «sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas».

García Castellón archivó durante la instrucción la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón en el marco de esta pieza a pesar de que cuando se realizó la compra de Inassa, él era el presidente de la Comunidad de Madrid. También exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra.

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá - Aguas de América (SAA)- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la «expansión internacional» que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual «utilizó una sociedad vehículo de nueva creación» llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua . La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto , Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.