Las claves del procesamiento de Ignacio González por corromper la empresa pública de las aguas de Madrid

En el caso Lezo -por el que el expresidente regional permaneció seis meses y medio en prisión preventiva -, la Audiencia Nacional investiga diversas operaciones con las que se corrompió la gestión del Canal, tanto en su internacionalización, como en operaciones nacionales, como la construcción y adjudicación del Golf del Canal, en el distrito madrileño de Chamberí.

En otras piezas del caso se sigue el rastro del dinero, puesto que los investigadores consideran que los imputados blanquearon los fondos obtenidos en complejas operativas que llegaron a algunos paraísos fiscales. La operación policial y judicial que cortó sus planes tuvo lugar en abril del año 2017.

Esta causa no es la primera que se cierra. El magistrado ya procesó a los investigados por la compra en 2001 de Inassa, una sociedad colombiana, con la que comenzó expansión del Canal.

En esta rama del caso, el juez Manuel García Castellón considera que los procesados inflaron el precio de la adquisición de la empresa brasileña Emissao, adquirida por el Canal en 2013, para embolsarse casi 5 millones de euros en comisiones ilegales. Se pagaron 23,3 millones de euros y al poco tiempo, la sociedad se devaluó hasta cinco millones.

Al cerrar la investigación, el juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y envía a juicio al antiguo presidente regional. Este paso significa que los indicios de la investigación son suficientemente sólidos para juzgar por corrupción a González, que se queda a un paso del banquillo de los acusados.

Según ha acreditado la investigación -siempre en fase indiciaria hasta que se celebre el juicio, el momento de la verdad en un proceso penal- la compra de la sociedad brasileña Emissao por 23,3 millones de euros escondió comisones irregulares para González y sus socios, en la etapa en la que el político popular estaba al frente de la Comunidad de Madrid. González había presidido el Canal, la poderosa empresa que gestiona las aguas madrileñas, entre 2003 y 2012. Y Emissao, consideran los investigadores, se devaluó hasta 5 millones de euros, lo que revela el sobreprecio abonado.

El también investigado Luis Vicente Moro propuso a Ignacio González aprovechar la situación de Emissao para llevar a cabo la operación corrupta. González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, encomendó la gestión de la operación a su «hombre fuerte» en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. González, que había presidido el Canal entre 2003 y 2012, se embolsó una comisión de 1,62 millones, el doble que los demás.

El juez cifra en 1,62 millones la comisión irregular que se embolsó Ignacio González, el doble que otros cuatro procesados que también cobraron: Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro Pereira y Moro Díaz. No consta que Richmond haya cobrado ninguna comisión, añade el auto.

Anticorrupción siempre ha otorgado la iniciativa de esta operación a González, y el juez ubica el inicio de la actuación en octubre y noviembre de 2012, solo unos meses después de que González se convirtiera en presidente regional. El acuerdo se firmó el 14 de noviembre de 2013. Además, según la investigación, la adquisición del 75 por ciento de Emissao se canalizó a través de una sociedad uruguaya, Soluciones Andinas del Agua SRL , participada en un 50 por ciento por las dos sociedades del Canal que culminaron la compra: Canal Extensia e Inassa.

Tras el procesamiento, llegarán los escritos de las partes (los de calificación, en los que las acusaciones expresarán sus peticiones y las defensas pedirán el archivo, dando su versión de lo sucedido) y los señalados quedarán a un paso del juicio oral , la hora de la verdad de un proceso, donde deberán probarse las acusaciones.