José Luis Rodríguez Zapatero: Constitución y democracia

Cuando accedí a la Presidencia del Gobierno , en virtud de las prescripciones de la Ley Fundamental, y -como temporal titular de aquella- con un deber singular de cumplirla, la Constitución de 1978 ya estaba, pues, adherida emocionalmente a mi biografía como ciudadano y como persona que había optado por asumir un compromiso político.

Si se me pregunta cuál fue mi relación con ella como responsable del Ejecutivo, siempre entendí que la Constitución es el marco normativo de la democracia , de una democracia sujeta a reglas que, por un lado, la preservan y, por otro, la configuran como lo que cabalmente es, como un proceso abierto. La Constitución hizo, así, posible la tarea legislativa, que emprendimos entonces, de creación y extensión de derechos civiles y sociales, derechos que se incorporaron al patrimonio cívico que ya poseíamos, al tiempo que reforzábamos los controles parlamentarios del Gobierno. Porque estaba y estoy convencido de que cada generación tiene el derecho a sentirse partícipe de la interpretación y desarrollo de la Ley suprema. Y de que el mejor reconocimiento que podemos hacer a la democracia del 78 es que sigamos defendiendo como el primer día esa vitalidad y capacidad de renovación, la búsqueda incesante de nuevas fórmulas de conjugar la libertad y la igualdad.

Es verdad, sin embargo, que la actualización de la Constitución puede encontrar límites por la vía de la adaptación interpretativa y suscitarse entonces la conveniencia de plantear su eventual reforma. Yo así lo consideré en dos ocasiones bajo mis mandatos. En la primera de ellas, para proponer una posible modificación de diversos aspectos a partir de un informe que el Gobierno pidió al Consejo de Estado. A pesar de la calidad del mismo y de las diversas opciones que en él se exploraban, no fraguó un consenso de partida con la principal fuerza de la oposición, por lo que desistimos de la propuesta. En la segunda ocasión, como se recordará, para reformar específicamente un precepto, el artículo 135, con el fin de reafirmar nuestro compromiso, el de todas las administraciones españolas, con el modelo europeo de sostenibilidad financiera del Estado Social. Esa iniciativa, llevada a cabo en un momento particularmente delicado de la crisis económica, sí contó con el apoyo muy mayoritario de las Cámaras.

Tras nuestra atormentada histórica colectiva de los tiempos que la precedieron, cómo no celebrar el cuarenta aniversario de la norma de convivencia que ha contribuido tan significativamente a que nuestro país viva el período más largo y estable que ha conocido de libertad y avance en la cohesión social. Procede hacerlo, sin duda, con legítima satisfacción. Pero también siendo conscientes de que, ante las incertidumbres, las dudas y las tentaciones de huida y de ruptura de las que estamos siendo testigos, entre nosotros y en tantos otros lugares, hay que recuperar, seguramente hoy con mayor necesidad que nunca durante estas últimas décadas, la impronta fundacional de nuestra democracia constitucional como espacio de encuentro y de reencuentro entre españoles que se sienten diversos. Y a ese espacio solo se llega con una disposición al diálogo guiada por la lúcida conciencia de todo lo que, como ciudadanos, compartimos y no queremos poner en peligro. Un diálogo político democrático en y desde la Constitución.