La incertidumbre política empieza a pesar en la posición internacional

Las operaciones que asume España junto a sus aliados fueron adoptadas por el actual Gobierno, ahora en funciones, y siguen su curso , mientras se dilucida la orientación del próximo Ejecutivo. Sería extremadamente grave que desde Madrid se repitiese el mismo escenario que después de la guerra de Irak o, peor aún, que se desprendiese la impresión de que en España no hay voluntad de sostener sus compromisos en una situación extrema, porque la VJTF es una fuerza de disuasión cuyo principal valor es la certeza de que entraría en funcionamiento en caso necesario. Si por alguna razón esa confianza desapareciese, el daño a la Alianza sería incalculable.

Desde el punto de vista militar, España es el único país de la OTAN que participa en todas las misiones que tiene en marcha la Alianza Atlántica, incluyendo la lucha contra Daesh –área en la que contribuye con un equipo de instructores del Ejército iraquí–, o la defensa antiaérea de Turquía, donde mantiene una batería de misiles «patriot» que intervendrían en caso de agresión por parte de aviones hostiles, ya sean sirios o rusos. Todas esas misiones requieren de una voluntad política clara, como definió ayer mismo el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, y se basan «en la certeza de que todos defendemos unos valores y un modo de vida» y que estamos dispuestos a contribuir a la defensa colectiva.

El periodo de interinidad de un Gobierno en funciones no es algo inédito en Europa. De hecho, Bélgica ha pasado por esta situación durante un periodo récord de tiempo y eso no le impidió en esas circunstancias, por ejemplo, adoptar la decisión de enviar sus aviones a bombardear Libia junto a Francia y Gran Bretaña. En el caso de España, la Ley del Gobierno limita la gestión a los asuntos corrientes, lo que excluye decisiones que supongan una modificación de los presupuestos (gastos extraordinarios) o cualquier otra que se base en su capacidad de iniciativa legislativa. Eso ha afectado ya al menos a un proceso europeo de decisión puesto que se trataba de una decisión con consecuencias presupuestarias. En efecto, cuando el Consejo aprobó definitivamente el desglose de las aportaciones de cada país para completar los 3.000 millones que se le han prometido a Turquía para que se haga cargo de más refugiados sirios en su propio territorio, según fuentes diplomáticas el representante español tuvo que hacer notar que estando de acuerdo con la decisión, el actual Gobierno no puede hacer efectiva la cantidad que le corresponde porque está en funciones.

Excepto por este tipo de transacciones, los socios europeos no ven con extrañeza esta situación, pero, como reconocía estos días una fuente diplomática española, «aunque no pase nada, todo el mundo sabe que en estos momentos España no está en disposición de dar un puñetazo en la mesa si hiciera falta».

Nadie sabe, de hecho, qué pasaría si fuera necesario un gesto así . Estos últimos años España se ha esforzado por ser un socio leal y confiable. Pero también puede suceder que en este entorno se pusiera sobre la mesa alguna decisión que afecte a elementos esenciales y frente a la que el gobierno que reaccionar de forma enérgica. En la próxima cumbre europea, por ejemplo, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, debe participar en la decisión crucial de asumir el pacto que se le ofrece al primer ministro británico David Cameron para que este haga campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE. Tanto si está de acuerdo como si no, los servicios de la abogacía del Estado analizan las consecuencias jurídicas de que esa decisión la tome un Gobierno en funciones, teniendo en cuenta su alcance institucional. A falta de que los propios servicios jurídicos del Consejo analicen al detalle esta decisión, las opiniones se dividen entre los que creen que equivale a un cambio de los Tratados o si puede considerarse como una suma de tratados bilaterales, lo que en el caso de España lleva a la necesidad de que esa decisión sea ratificada por el Congreso. De ahí la importancia de que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, informe previamente sobre ello.

Sin embargo, a medida que pase el tiempo se irán acumulando las tareas pendientes. La próxima en el calendario es en el mes de abril, cuando los países del euro están obligados a presentar su plan de estabilidad , en el que describen detalladamente las reformas que tienen que llevar a cabo dentro de las reglas de gobernanza del euro para que sean corroboradas por la Comisión Europea. Si hubiera entonces un nuevo Gobierno con un programa como el que ha presentado el líder socialista Pedro Sánchez y que se basa esencialmente en deshacer todo lo que se hizo en la pasada legislatura y que ha merecido tantos elogios en Bruselas, deberá explicarlo muy bien. Y si sigue habiendo un ejecutivo en funciones, la ley le impide aprobar ninguna reforma, de modo que no podrá sino decir que mantiene la política actual.