Ignacio González, acusado de liderar una trama corrupta que utilizó el Canal de Isabel II

En estos momentos hay una docena de detenidos, entre los que se encuentra Pablo González, hermano del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre , y Edmundo Rodríguez Sobrino , hombre fuerte de Ignacio González en Iberoamérica y que en la actualidad ocupa el cargo de consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora del diario «La Razón» .

Precisamente este rotativo fue unos de los principales beneficiarios de la publicidad del Canal de Isabel II. El expresidente regional Ignacio González es colaborador del periódico.

Entre los investigados están también el presidente del periódico madrileño, Mauricio Casals , y su director, Francisco Marhuenda . Según parece, ambos pudieron utilizar ese medio para ejercer presión sobre determinadas personas. Según algunos medios digitales, entre ellas se encontraría Cristina Cifuentes , actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha aportado información valiosa para el desarrollo de estas pesquisas.

La investigación se centra, según fuentes de la Audiencia Nacional , en personas vinculadas a la Administración Autonómica madrileña anterior. Se investigan operaciones llevadas a cabo para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio .

Los principales registros se realizan en la vivienda de Ignacio González, en las oficinas del Canal de Isabel II de la calle Santa Engracia y en varias empresas. Además, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que es el que instruye las diligencias, ha citado hoy como testigos a Cifuentes y al actual director del Canal y portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido.

Las operaciones sospechosas que se investigan, por importes multimillonarios, afectan asimismo a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad. Los delitos de los que se acusan a los miembros de esta trama son, además del de asociación ilícita, administración desleal, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude y corrupción en los negocios . Es decir, prácticamente todo el abanico delictivo propio de actividades típicamente corruptas y a los que en su caso, según avance la investigación, pueden añadirse otros como el de fraude fiscal.

La operación, como ya se ha señalado, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las investigaciones han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Está decretado el secreto de sumario. La pieza es una derivada de la investigación de la trama Púnica y tiene en el punto de mira la gestión en relación con el Canal de miembros de equipos de gobierno del PP de Madrid y su relación con la gestión del Canal de Isabel II, la empresa pública por excelencia de la Comunidad . Asimismo se investigan adjudicaciones de obra pública concedidas a cambio de dinero por Ignacio González.

El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre habría hecho esas adjudicaciones a cambio de la comisión correspondiente, para luego blanquear ese dinero a través de complejas operaciones financieras en varios países, incluido algún paraíso fiscal.

Algunas fuentes sitúan en el epicentro de la trama a un hermano del propio González, Pablo, consejero de Mercasa -de hecho es uno de los detenidos- y que se habría beneficiado de forma ilícita de alguna de las adjudicaciones supuestamente irregulares dirigidas por el ex presidente regional.

Como ya se ha señalado, la investigación salpica a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo madrileño, en concreto su última época cuando autorizó la compra de Inassa, (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica. El presidente de esta sociedad desde 2006 hasta abril de 2016 fue Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los detenidos . El nombrede Rodríguez Sobrino saltó a la luz pública cando fue grabado de forma irregular junto a Ignacio González en un viaje de éste a Colombia. El vídeo de aquel espionaje hizo correr ríos de tinta.

Las investigaciones derivadas de Púnica ya habían avanzado por este camino, pero recibieron un nuevo impulso a mediados del pasado año cuando la presidenta Cristina Cifuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la gestión del Canal de Isabel II , en concreto por la compra que la empresa pública hizo en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia. El Ejecutivo de Ignacio González pagó 21,4 millones por esta sociedad que un año después valía cuatro veces menos . No solo eso, sino que según esa denuncia inicial parte de los pagos se hicieron a través de una cuenta en una sucursal suiza.

La Fiscalía General envió todos los datos aportados por Cifuentes a la Fiscalía provincial de Madrid, pero la causa fue requerida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que ya tenía la vista puesta en la gestión del Canal en la investigación de Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Con esos datos, Velasco abrió una pieza secreta que puede acabar salpicando no solo a Ignacio González y a algunos de sus más estrechos colaboradores , sino también a la última época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional (estuvo desde 1995 hasta 2003).