El Gobierno cree que podrá impedir el referéndum catalán sin aplicar el artículo 155

En La Moncloa se mueven con exquisita prudencia en este terreno, y evitan echar leña al fuego para no alimentar ese victimismo en el que los independentistas se mueven tan a gusto. Por eso no quieren adelantar ni uno solo de los movimientos que harían en el caso de que los secesionistas, representados por el trío Puigdemont, Junqueras y Romeva , forzaran la convocatoria de un referéndum por encima de la ley y la prohibición del Tribunal Constitucional. Pero el plan, o mejor dicho, los planes existen, con detalle y para cada uno de los escenarios posibles. Y, como ya se ha informado, las medidas «coercitivas», incluida la del artículo 155, están presentes en el caso de ser necesarias.

Pero, llegados a este punto, el Gobierno considera que no será necesario llegar a una «intervención» de competencias autonómicas, como las de Interior o Educación. Sabe que, por otra parte, alimentaría ese discurso victimista de los secesionistas. En La Moncloa se trabaja desde «la prudencia, la inteligencia y la proporcionalidad», y cada movimiento se hace de común acuerdo con las fuerzas constitucionalistas, el PP, el PSOE y Ciudadanos, con quienes hay contactos fluidos, tanto en sus direcciones nacionales como en las catalanas. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que el anuncio de la fecha del referéndum de autodeterminación y el contenido de la pregunta no era motivo suficiente para una actuación judicial, a pesar de que el Tribunal Constitucional prohibió no solo el referéndum, sino todos los actos preparatorios que llevaran a él. «Prudencia», repiten en La Moncloa, donde no quieren dar un solo paso en falso que dé oxígeno a los independentistas.

De entrada, el escenario que se presenta hasta el 1 de octubre «no tiene nada que ver» con el que había antes de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Desde entonces ha habido resoluciones del Tribunal Constitucional que han generado una jurisprudencia sobre el desafío independentista, lo cual permitirá al Gobierno bloquear de forma casi automática cada paso que se dé hacia el referéndum, según fuentes del Ejecutivo. En La Moncloa, que cuentan con todos los informes jurídicos necesarios, no se esperará hasta el 1-O, sino que se actuará en todos y cada uno de los movimientos previos para desactivarlos, como pueden ser los contratos con empresas para imprimir las papeletas, la compra de urnas, la preparación de colegios o locales o la propaganda oficial que se emita. Así, los independentistas se toparán con todos los «cortafuegos» que sean necesarios y que les impedirán llegar a la consulta.

Otra diferencia respecto a lo que ocurrió el 9-N es que ahora hay independentistas condenados por incumplir la prohibición del TC. Los dirigentes actuales saben que se enfrentan a una inhabilitación si firman la convocatoria del referéndum, y los funcionarios también son conscientes de que colaborar en un acto ilegal tendría consecuencias penales. ¿Y qué tipo de referéndum con alguna garantía podría hacerse sin funcionarios? Es otro motivo que lleva al Gobierno a concluir que ni habrá referéndum de autodeterminación ni se repetirá aquel simulacro del 9-N.

El papel de los funcionarios será fundamental. En el Gobierno destacan la reciente reunión que mantuvo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el presidente del sindicato de funcionarios CSIF, en la que valoraron la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes, «evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad». El sindicato tiene diseñado un protocolo para responder a las presiones de los independentistas sobre los funcionarios.

En La Moncloa destacan y valoran la decisión del Ayuntamiento de Lérida , gobernado por el PSC con el apoyo de Ciudadanos, de rechazar la cesión de locales municipales para el referéndum independentista del 1 de octubre. Más aún, en los pasillos monclovitas se comenta que si el Ayuntamiento de Barcelona hiciera lo propio con una declaración pública, la aventura independentista quedaría herida de muerte. No pierden la esperanza.

El próximo «show» anunciado por Puigdemont y los suyos será el martes 4 de julio, día en que explicarán los detalles de su pretendido referéndum. La Abogacía del Estado estará atenta por si puede considerarse un «acto preparatorio» que vulneraría la resolución del Tribunal Constitucional de febrero de 2017, en la que advirtió de que «cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalitat o por cualquier institución catalana es un acto contrario a la Ley y que tendrá las correspondientes consecuencias legales». El Gobierno de Rajoy lo tiene claro: «Cualquier actuación que pase de anuncios, que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el Gobierno», avisó el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo . La clave está, pues, en pasar de las palabras a los «hechos» firmados.

En La Moncloa estarán en alerta todo el verano ante lo que pueda suceder, pero será a partir de la segunda quincena de agosto cuando creen que podría haber algún movimiento. Como en el Gobierno se afirma con absoluta rotundidad que no habrá un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre, el horizonte que ven a medio plazo es electoral. El debate de la fallida moción de censura dejó al descubierto, según lo vieron en el Ejecutivo, el debilitamiento extremo del PDECat, «ninguneado» por ERC, que parece mirar con mucha más simpatía a la izquierda radical de En Comú Podem .