El Gobierno considera «libertad de expresión» los insultos de Tezanos a los votantes de Ayuso

«Supone el ejercicio de un derecho fundamental (...) que implica la expresión de consideraciones y opiniones de carácter personal y subjetivo», señala la resolución que archiva el procedimiento y a la que ha tenido acceso ABC. El dictamen añade que si bien la libertad de expresión «tiene sus límites», ni la ley del Alto Cargo, ni la de Buen Gobierno «podrían imponer ninguna limitación». Siguiendo este hilo considera que la denuncia «carece de fundamento» y recomienda al Grupo Popular que acuda a los tribunales si considera que Tezanos vulneró los límites de la libertad de expresión.

Además de dar amparo a las descalificaciones lanzadas por el presidente del CIS, el Gobierno argumenta que «los únicos motivos que se esgrimen para imputar al Sr. Tezanos son unas declaraciones realizadas por él, a título personal » que no pueden considerarse «pruebas o indicios de actuaciones concretas realizadas en el desempeño de las competencias de su cargo que indiquen una merma de objetividad, imparcialidad, etc».

La resolución está firmada por la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor María López Laguna , y ampara esa disociación en el ejercicio del cargo público que el Gobierno ha defendido en anteriores ocasiones. Sin ir más lejos, cuando el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, arremetió contra la prensa el pasado mes de octubre.

Para Aniceto Masferrer, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, la resolución del Gobierno resulta «sorprendente». Este jurista cree que «es posible» que las afirmaciones de Tezanos «puedan acogerse a la libertad de expresión» pero considera que «trivializar y tribalizar» el ejercicio de este derecho «con afirmaciones despectivas o injuriosas» para «configurar o cambiar la opinión pública», es un « flaco favor a la democracia y una falta de respeto al conjunto de la sociedad».

Masferrer recuerda que «el deber de neutralidad e imparcialidad» preside la labor de todos los organismos públicos como reflejo de su función y servicio «a todos los ciudadanos sin distinción ninguna» y que esta obligación «no es sólo jurídica, sino también política y ética, y así debe reflejarse». A su juicio, faltar «al respeto y a la consideración que toda persona merece, y más a quien ostenta un cargo de servicio público» es más bien acogerse «a la libertad de decir sandeces o estupideces, que es una libertad que desgraciadamente cada día se ejerce más en la vida política. Lo cual es grave en una sociedad supuestamente libre y democrática».

Este jurista sostiene, además, que cuando la libertad de expresión se enmarca en el debate político «aún se amplía más su significado, porque afecta a la defensa de la formación de la opinión pública , algo capital en una democracia». Y envía una reflexión: «si un político percibiera el reproche social por parte de la propia ciudadanía, sería el principio del cambio».

El PP deberá decidir ahora si lleva el archivo de su denuncia ante los tribunales, ya que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, decidió abrir un procedimiento contra Tezanos al detectar un «claro y grave incumplimiento» de sus obligaciones. La dirigente popular se apoya en que la ley del Ejercicio del Alto Cargo somete la labor pública a los intereses generales y a la objetividad, mandatando que cualquier decisión quedará «al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales». Por su parte, la ley de Buen Gobierno añade las obligaciones de «una conducta digna» y un trato a los ciudadanos «con esmerada corrección».