La protección ante el desahucio, en cuatro casos prácticos

El Ejecutivo protege a estos dos colectivos de forma independiente. Las familias que cumplan esta definición según la legislación vigente estarán amparadas por las nuevas garantías aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, aunque ya no cuenten con menores, siempre y cuando cumplan el resto de condiciones de renta y esfuerzo.

Paralelamente se establece la misma protección para todos aquellos núcleos familiares en los que alguno de sus miembros sea un menor de tres años. Y para algunos casos que no entran en estas dos categorías también hay protección. Es el caso de las unidades familiares uniparentales siempre y cuando cuenten con dos hijos a cargo aunque estos no sean menores. Es decir, no es necesario que exista una unión de dos cónyuges para poder verse favorecido por la suspensión del desahucio.

Si el enfermo se encuentra en grado grave y ello le incapacita para realizar una actividad laboral, sea de forma temporal o permanente, podrá acogerse a la paralización del desalojo siempre y cuando acredite su estado y sea familiar del titular de la hipoteca o de su cónyuge hasta en tercer grado. La unidad familiar, además, y como en el resto de casos, tendrá que cumplir las demás exigencias. No obstante, los enfermos graves no son los únicos que se ven amparados por la nueva protección; discapacitados y dependientes también se ven cubiertos y con ellos el resto de la unidad familiar, aunque no vale cualquier minusvalía. Se requiere la declaración de discapacidad superior al 33% o situación de dependencia que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Al igual que en el caso de los enfermos, el vínculo con el titular o cónyuge de la hipoteca se extiende hasta el tercer grado.

Hay un caso más que el Gobierno ha decicido incluir entre los colectivos más vulnerables. Se trata de las víctimas de violencia de género. No obstante, para los que no cumplen los requisitos, el Ejecutivo ha querido abrir una segunda línea de medidas complementarias de protección. Se extenderán a quienes, no encontrándose en las situaciones especialmente vulnerables que ha definido el Gobierno, viven un momento económico o social que les hace imposible devolver las cuotas hipotecarias.

En estos casos, los desahucios no se paralizan y los deudores perderán su vivienda pero podrán beneficiarse, siempre que cumplan las condiciones que diseñará el Ejecutivo, del nuevo Fondo de Vivienda Social que se va a crear con carácter urgente. Las personas y familias que se vean desalojadas de sus hogares podrán acceder a viviendas de alquiler a precios reducidos.